Eduardo Sánchez
Por espacio de más de dos horas se extendió este jueves en Jujuy un allanamiento a la casa de la dirigente social Milagro Sala ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández. En el procedimiento intervinieron el fiscal Diego Funes, personal de la Policía de la Provincia e incluso un binomio cinotécnico, y se realizó en el marco de una investigación que busca determinar responsabilidades por los violentos hechos del martes 20 de junio en esta capital.
Bajo la coordinación de dos ayudantes fiscales, un equipo integrado por diez efectivos policiales revisó todo el inmueble con el fin de secuestrar computadoras, teléfonos celulares y dinero. Así fue como, entre otros elementos, se halló una suma total de 270 mil pesos, de la cual los funcionarios judiciales retuvieron un monto de cien mil pesos que estaban en poder de una persona ajena a la casa.
En efecto, al momento de hacerse efectiva la medida se encontraban de visita en la vivienda del barrio Cuyaya tres personas que se presentaron como “turistas” procedentes de las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Misiones respectivamente.
Uno de estos visitantes tenía consigo el dinero secuestrado.
De acuerdo al relato de allegados a Sala, la medida judicial tomó por sorpresa a la líder de la organización Túpac Amaru, que entonces solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.
EL DATO QUE COMPROMETE A SALA
“Aparentemente habría algún testigo o imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tiene alguna vinculación con esas protestas que muy dignamente el pueblo de Jujuy llevó adelante y sigue llevando adelante”, escribió en sus redes sociales la coordinadora del equipo de abogados de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
La letrada se refería a los dichos de una persona sobre que supuestamente Milagro Sala le habría encargado la confección de banderas a cambio de una suma de dinero, lo que ahora se investiga.
En opinión de la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la medida judicial ejecutada este jueves “es un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención y como marco -dice Gómez Alcorta- de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales con (Horacio) Rodríguez Larreta”, los integrantes de una de las fórmulas presidenciales de la coalición opositora Juntos por el Cambio.
Según se informó, el allanamiento fue concretado a solicitud del fiscal Funes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el fin de secuestrar “elementos objetivos” que permitan esclarecer la “posible existencia de una instigación a cometer ilícitos” durante las protestas que afloraron en las últimas semanas en esta provincia.