Eduardo Sánchez
Durante su estadía por unas horas en Jujuy este martes, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, tuvo dos agendas: una oficial, encabezando la ceremonia de homenaje y ascenso post mortem a los nueve submarinistas jujeños que perdieron la vida en el hundimiento del ARA San Juan, y más tarde un compromiso personal, que fue visitar a la dirigente Milagro Sala en su casa del barrio Cuyaya, donde cumple con el régimen de prisión domiciliaria.
Esto último provocó la reacción del legislador Santiago Jubert del Frente Cambia Jujuy, que atacó con dureza la actitud del funcionario nacional: “Es una afrenta al pueblo jujeño que un ministro de la Nación brinde un amparo gubernamental a una delincuente”, se quejó.
El legislador cuestionó severamente que al término del acto en el RIM 20, Rossi “se dirigió al domicilio de Milagro Sala a brindarle su apoyo”, siendo que sobre la referente de la organización social Tupac Amaru -puntualizó- “pesa una condena de trece años ratificada por el Superior Tribunal de Justicia”.
En ese sentido, en declaraciones a la prensa Jubert se manifestó sorprendido de que desde el Gobierno nacional “simultáneamente que homenajean a los tripulantes del ARA San Juan, promueven a una delincuente condenada por corrupción”.
“Milagro Sala -dijo entonces- fue condenada por ser considerada la jefa de una asociación ilícita y coautora de los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el desvío de sesenta millones de pesos, que eran para construir viviendas para los pobres, las cuales -recordó- nunca construyeron”.
Pero además el diputado radical hizo pública una seria denuncia, cuando aseguró que “desde el sector residual que comanda Sala, con ayuda del Gobierno Nacional se está financiando marchas violentas”, como las que se habían producido durante la mañana del martes en la capital jujeña “con corte de calles y puentes”, dijo.
Según Jubert, el objetivo de estos movimientos es “terminar con la paz que tanto nos costó recuperar a los jujeños, por eso desde el Gobierno provincial advertimos que no vamos a permitir ningún apriete, que la paz social no se negocia, que contamos con la legitimidad que nos dio el pueblo con el voto mayoritario y que vamos a ejercer el mandato de preservar la convivencia entre los jujeños”, concluyó.