Eduardo Sánchez
Con el objetivo de poner en marcha un sistema de colaboración interinstitucional de amplio alcance, autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy y del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta firmaron un convenio marco y dos convenios específicos que activan un plan de acciones conjuntas en plazos que van de dos a tres años.
El acuerdo principal tiene por objeto establecer un marco general de cooperación institucional entre ambos organismos con el fin de desarrollar acciones conjuntas, coordinar esfuerzos y generar mecanismos de colaboración mutua en materia de política criminal, investigación penal, persecución del delito, fortalecimiento institucional, modernización tecnológica, capacitación e intercambio de información.
También contempla incluir “cualquier otra actividad que contribuya al mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de ambas instituciones”, apuntaron fuentes oficiales.
Los documentos fueron suscriptos por el procurador general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella.
En la ocasión acompañaron el sencillo acto el procurador general adjunto de Jujuy, Ignacio Pasquini, y el coordinador de fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, Pablo Rivero.
Las principales líneas de cooperación previstas en el acuerdo de dos años de duración incluyen coordinación en investigaciones penales complejas, transfronterizas o de carácter interjurisdiccional; intercambio de experiencias, buenas prácticas y herramientas de gestión institucional, tecnológica y administrativa; y formación y capacitación conjunta de funcionarios, fiscales y agentes mediante cursos, talleres, pasantías, seminarios y publicaciones.
También los equipos de ambas provincias trabajarán en el desarrollo de tecnologías aplicadas al sistema penal, interoperabilidad de sistemas de gestión y análisis de información criminal; colaboración en áreas como medicina forense, laboratorios, criminalística, psicología y equipos interdisciplinarios; y asistencia técnica recíproca y cooperación profesional entre áreas técnicas y de apoyo.
UN EQUIPO TÉCNICO CON JUJEÑOS Y SALTEÑOS
Con una vigencia de tres años, los convenios específicos firmados por Lello Sánchez y García Castiella definen por su parte el objetivo de establecer mecanismos de colaboración y articulación tecnológica destinados al acceso, consulta, intercambio y verificación recíproca de antecedentes penales, registros relevantes y datos vinculados a personas sometidas a investigaciones penales.
Para llevar adelante la hoja de ruta prevista se ha estipulado la conformación de un equipo técnico conjunto integrado por profesionales de informática, sistemas y áreas legales. Este grupo se encargará del diseño, planificación y ejecución de acciones para garantizar un acceso seguro, trazable y limitado a bases de datos con registros relevantes.
Entre los principales ejes de trabajo se prevé la creación de canales institucionales de consulta, bajo criterios de confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento normativo, y la implementación de mecanismos de acceso mediante usuarios institucionales con perfiles diferenciados y auditables, cuando sea técnicamente viable y jurídicamente permitido.
De igual manera, este equipo interprovincial deberá desarrollar un protocolo técnico-operativo con estándares de seguridad, control de accesos, protección de datos personales y resguardo del secreto de actuaciones judiciales.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA JUSTICIA PENAL
Un aspecto relevante del plan de trabajo es la determinación de un marco específico de colaboración para el desarrollo e incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas al sistema de justicia penal.
En este sentido se proyecta encarar acciones tales como desarrollo, validación, transferencia e implementación de tecnologías basadas en IA; evaluación conjunta del impacto y funcionamiento de estas herramientas; e intercambio de buenas prácticas en el marco de una agenda común de cooperación institucional.
En la práctica, esto es la creación de un repositorio técnico compartido y el desarrollo de un Observatorio Público de IA Penal en la región del NOA, “con el objetivo de posicionar a ambos Ministerios Públicos en el desarrollo de prácticas de innovación judicial”, según resaltaron los funcionarios.
De igual modo se trabajará en el desarrollo de programas de capacitación conjuntos para agentes de ambas provincias con el correspondiente seguimiento y evaluación de resultados, promoviendo y fortaleciendo el compromiso con el resguardo de datos y cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de la información.