Eduardo Sánchez
El empresario cordobés Julio César Aldecoa, acusado de estafar en la venta de terrenos y bienes inmobiliarios a más de 300 personas en Jujuy en un lapso de ocho años, sumó nuevos cargos en su contra tras quedar imputado como jefe de una asociación ilícita y por defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.
En junio del año pasado, en una audiencia virtual el acusado se excusó de presentarse ante la Justicia local debido a que se encontraba “fuera de la provincia de Jujuy” -dijo-, a la vez que manifestaba su “voluntad” de llegar a una conciliación ante las denuncias presentadas por sus clientes.
Aldecoa fue detenido hace dos semanas en la localidad salteña de La Caldera. Desde noviembre pasado pesaba sobre él una orden de captura internacional a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de Jujuy, a cargo de Carlos Ariel Gil Urquiola.
En su carácter de titular de la empresa inmobiliaria Horizonte Multinivel, el hombre fue imputado inicialmente por el delito de “estelionato”, es decir fraude o engaños en los contratos, previsto y penado en el artículo 173 inciso 9 del Código Penal de la Nación, según señalaron fuentes judiciales.
Tras concretarse su extradición, fue conducido al edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para ser indagado por el fiscal, pero se negó a declarar. Mientras esto ocurría la sede judicial, numerosos damnificados protestaban sobre la avenida Urquiza.
Entrevistado por medios locales, el fiscal en feria Fernando Alancay reveló que hay otras nueve personas más imputadas, todas del entorno familiar y cercano de Aldecoa.
El representante del MPA explicó que luego de solicitar la extradición del acusado, se hizo un estudio profundo de todas las causas que tenía y como primera medida se procedió a acumular los expedientes, quedando ahora “uno solo con más de veinte cuerpos”, puntualizó.
En ese marco también se llegó “a la conclusión de que correspondía imputarle el delito de ‘jefe de asociación ilícita’ y ampliarle la imputación por el delito de ‘defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados’”.
“Se hizo esa ampliación de imputación y también se imputó a otras personas individualizadas en la causa, que actualmente son nueve, por el delito de ‘integrantes de asociación ilícita y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados’”, señaló el fiscal, para acotar que quedan aún otros sospechosos por identificar.
Los nuevos imputados serán llamados a declarar “en lo inmediato”, adelantó.
Mientras tanto, el fiscal también avanzará en los trámites de rigor para solicitar medidas probatorias, entre ellas las necesarias para la “obtención de la información bancaria de las operaciones realizadas en el transcurso del tiempo del hecho imputado, que va del 2012 al 2020”.
Las personas implicadas, según detalló Alancay, son del “entorno familiar y cercano” del empresario cordobés, entre ellos “dos señores de apellido Castillo”, como también “una escribana y un conductor radial”.
Acerca de los damnificados, el funcionario confirmó haber recibido a varios delegados de los clientes que se declaran afectados, a quienes les explicó los pasos procesales que se está siguiendo, contexto en el que se promueve que todos los afectados puedan hacer sus respectivas denuncias.
Una aproximación a la posición que tendría el denunciado frente a la catarata de acusaciones fue la que manifestó el abogado Julián Martín Palmieri, defensor de Aldecoa, quien tras confirmar que “tenemos entre trescientas y cuatrocientas denuncias” planteó la alternativa de “hablar con cada damnificado y ver la situación” particular en cada caso.
“Llegado el caso tendríamos que hacer un convenio de conciliación”, propuso el letrado, aunque deslizó que ello quedaría supeditado a la situación patrimonial de Aldecoa.
La empresa inmobiliaria comercializaba terrenos ubicados en diferentes puntos de la provincia de Jujuy y también en Salta. Las denuncias tienen como común denominador que las propiedades nunca fueron entregadas a sus compradores, según los testimonios, con el agravante de que la mayoría estarían embargadas o fueron vendidas a más de un adquiriente.