Eduardo Sánchez
El abogado de la jefa de la organización social “Tupac Amaru”, Milagro Sala, Luis Paz, dijo que el objetivo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el jueves desestimó un recurso de su defensa y dejó firme una condena a 13 años de prisión, es “matarla políticamente”.
“No se le permitió a Milagro aportar testigos en el juicio, tampoco se permitió aportar peritos para peritar las obras y esto no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema. El objetivo del fallo es matarla políticamente”, afirmó el asesor letrado de la exlegisladora.
¿CÁRCEL COMÚN O PRISIÓN DOMICILIARIA?
Después de que el jueves el máximo tribunal desestimara un recurso de la defensa y dejara firme la condena a 13 años de prisión dictada por el Tribunal Oral Criminal nº 3 de Jujuy contra Milagro Sala, el abogado aseguró que eso no cambiará el régimen de prisión domiciliaria del que su cliente goza desde diciembre del año 2017.
El mismo jueves el gobernador Gerardo Morales había instruido al fiscal de Estado de la Provincia, Miguel Ángel Rivas, que requiera al Juzgado de Ejecución Penal el traslado “con carácter de inmediato” de la dirigente a una unidad del Servicio Penitenciario, a los efectos de dar cumplimiento a la condena de Sala en cárcel común.
Como se sabe, el Estado provincial se constituyó en querellante en la causa sustanciada a la líder “tupaquera” por los delitos de asociación ilícita en su carácter de jefa de la organización social y política; fraude en contra de la Administración Pública y extorsión en concurso real, y otros.
“No teníamos ninguna expectativa ni en la Corte de Nación ni la de Jujuy. Ayer con Milagro escuchamos noticias sobre la condena previa a su dictamen”, expresó Paz en declaraciones a medios radiales.
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de la defensa y dejó firme una condena de 13 años de prisión a la dirigente social en el marco de la causa mediáticamente denominada “Pibes Villeros” al considerarla responsable del delito de asociación ilícita en su condición de jefa de la misma.
En el juicio de la causa, que tuvo amplia repercusión nacional, además de a Milagro Sala la Justicia investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, todos acusados de haber cometido defraudación contra el Estado en planes de construcción de viviendas sociales.