Eduardo Sánchez
Con la firma de la diputada Natalia Morales y el apoyo de los restantes miembros del bloque del PTS FIT, los diputados Gastón Remy y Miguel López, está a consideración de la Legislatura -que este viernes abre su período ordinario de sesiones- un proyecto de ley para que en el inicio del dictado de clases el Estado provincial entregue de manera gratuita útiles escolares a alumnos de todos los niveles educativos de Jujuy.
A tales efectos los legisladores de la izquierda proponen que en el presupuesto provincial se destine una partida específica para crear e implementar el “Programa Provincial para la provisión de útiles escolares”, cuyo alcance garantizaría la canasta escolar necesaria a estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y superior del sistema educativo público de la provincia, al comienzo de cada ciclo lectivo.
“El Estado es quien tiene que garantizar las herramientas necesarias para la escolaridad, comenzando por los útiles. Con el superávit actual se puede dar respuesta, más aún ante la crisis económica y social que hay en curso y que golpea a las familias de menos recursos”, plantea Morales en los fundamentos que sustentan su proyecto.
Apoyando la iniciativa, el diputado Remy analizó a su vez que “el gobierno de Carlos Sadir sostiene salarios en el sector público que ni siquiera cubren la mitad de lo que establece la canasta básica familiar, hoy en más de un millón de pesos. A la par, acumula superávit que podría dar respuesta a la situación salarial, como también garantizando la provisión de útiles para el inicio de cada ciclo lectivo. Si no lo hace es porque también ajustan a la par que el gobierno de ultraderecha de (Javier) Milei”, acusó.
AYUDA ESCOLAR, 50% DEL GASTO POR ALUMNO
Haciendo cálculos, la autora del proyecto plantea que “el Gobierno de Sadir paga 45 mil pesos por hijo con la Ayuda Escolar que perciben trabajadores de la administración pública que son madres o padres”, siendo “un monto que está por debajo de lo establecido por consultoras que fijan en más de cien mil pesos la compra de útiles, mochila y guardapolvo por estudiante”.
Apunta que ese pago extra a los empleados públicos “excluye a quienes trabajan en forma precaria y con salarios por debajo de la línea de pobreza, en el sector privado e incluso público”, lo que a su juicio estaría “negando la posibilidad de contar con un ingreso específico para cubrir los gastos que implica la vuelta a clases y que muchas familias no pueden afrontar”, consideró Morales.
Por su parte, y buscando sumar adhesiones a la idea, el diputado Miguel López dijo que el proyecto está a disposición de “sindicatos docentes y de otros del sector privado y público, como también de organizaciones, para que sea tomado y sea parte de las demandas en defensa de la educación pública y gratuita de calidad”, concepto que encuentra “contrario a las políticas de ajuste en educación impulsadas por el gobierno de Milei con el apoyo de gobernadores y legisladores mileistas, y de la oposición patronal”, se quejó.