Diputados jujeños denuncian persecución del Gobierno boliviano contra dirigentes y activistas

Dos semanas atrás, el Parlamento de Bolivia aprobó “por mayoría absoluta” la ampliación por otros 90 días del estado de excepción declarado en junio, medida que fue decretada por el gobierno de Rodrigo Paz ante los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Poder Ejecutivo.

La cuestión tuvo eco en Jujuy, donde los diputados provinciales del PTS en el Frente de Izquierda Unidad y del MST presentaron en la Legislatura local un proyecto de declaración para rechazar dicho estado de excepción decretado por el gobierno boliviano y “denunciar la persecución contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, activistas y referentes opositores”.

Ingresado formalmente el pasado 22 de octubre, el proyecto propone que de manera orgánica la Legislatura exprese su “más enérgico rechazo” al estado de excepción por considerar que “constituye un grave avance sobre las libertades democráticas, el derecho a la protesta y la libre organización de las y los trabajadores”.

También la iniciativa firmada por Alejandro Vilca, Gastón Remy, Natalia Morales, Lamia Debbo y Leonardo Rivero, promueve el repudio a “las detenciones y los procesos judiciales impulsados contra dirigentes sociales y representantes políticos opositores bajo acusaciones de terrorismo e instigación a delinquir”.

Las protestas en Bolivia

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de rutas, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.

El conflicto ocasionó entonces desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que fue prorrogada el pasado 17 de octubre. Ese día, de 158 asambleístas -122 diputados y 36 senadores-, 100 votaron a favor de que la medida se amplíe.

La izquierda reacciona desde Jujuy

En los fundamentos de su proyecto de declaración, los legisladores de la izquierda jujeña afirman que “desde la imposición de esta medida, se profundizó la criminalización de la protesta social y se multiplicaron las denuncias por detenciones arbitrarias, persecución política y represión contra organizaciones populares”.

“Desde Jujuy no podemos permanecer en silencio frente a la persecución y la vulneración de derechos democráticos que sufre el pueblo trabajador boliviano”, plantean los legisladores.

“Los trabajadores, campesinos y pueblos originarios protagonizaron durante semanas una importante lucha contra las políticas de ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, y hoy -puntualizan- la respuesta oficial es la represión, la judicialización y el intento de acallar toda oposición mediante el estado de excepción”.

Explicando el interés de su espacio político en el tema, el diputado Vilca sostuvo que “las fronteras no pueden dividir la solidaridad de los pueblos” y “así como acompañamos las luchas de trabajadores, estudiantes y sectores populares de Francia y distintos países, hoy apoyamos el reclamo por el fin del estado de excepción en Bolivia y la libertad de todas las personas detenidas por luchar”.

“La defensa de las libertades democráticas, del derecho a la organización e incluso a la rebelión frente a quienes pretenden imponer el ajuste y la represión, es una causa común de toda la clase trabajadora latinoamericana”, argumentó el dirigente jujeño.