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| miércoles, 03 de junio de 2026
Reaccionando frente a la noticia de que en la vecina provincia de Salta el gobernador Gustavo Sáenz decretó la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos, el diputado jujeño Martín Fellner (PJ) criticó al oficialismo de Jujuy Crece por la negativa -dijo- de tratar en la Legislatura un proyecto de ley de su autoría para implementar un programa denominado "Narcotest" con el mismo propósito que la norma salteña.
“Celebramos que se avance en este tipo de medidas, pero no podemos dejar de señalar que esta política pública fue presentada formalmente en Jujuy hace ya mucho tiempo y el oficialismo decidió no debatirla”, se quejó el legislador de la oposición.
Entre los propósitos de su iniciativa Fellner enunciaba "fortalecer la transparencia institucional, la ética pública y la confianza ciudadana, incorporando una herramienta concreta de control que ya funciona en San Luis y Neuquén", y desde esta semana también en Salta.
Presentado en septiembre del año pasado, el articulado del proyecto prevé "controles toxicológicos obligatorios, periódicos y aleatorios, con procedimientos técnicos claros, garantías de confidencialidad, mecanismos de contraprueba, y consecuencias administrativas ante resultados positivos, todo bajo estándares médicos y legales estrictos".
“Los exámenes toxicológicos -sostuvo el diputado justicialista- son una herramienta seria para cuidar al Estado, a los funcionarios responsables y, sobre todo, a la sociedad”, por lo que insistió con "que la Legislatura de Jujuy retome el tratamiento del proyecto, para poner a la provincia a la altura de los estándares más exigentes en materia de ética pública, transparencia y control institucional".
El DNU emitido por el Gobierno de Salta alcanza a los tres poderes del Estado sin excepciones. En el Poder Ejecutivo incluye al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios; en el Poder Legislativo, a diputados y senadores; en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte; y en el ámbito municipal, a intendentes y concejales.
Los exámenes buscarán detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas, garantizando el respeto por la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de contrapruebas en laboratorios habilitados, según define el texto de la norma.
Los controles serán realizados de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo y la obligatoriedad se extiende a todas las personas que aspiren a ingresar al Estado provincial salteño, quienes deberán acreditar su aptitud para desempeñar funciones públicas.
Eduardo Sánchez