Eduardo Sánchez
Nueve años demandó el trámite de un juicio en el que se analizó la conducta de un exfuncionario del Poder Ejecutivo y actual magistrado del Poder Judicial de Jujuy que en una madrugada de invierno del 2015 intervino personalmente para que amigos suyos que habían provocado una colisión vehicular abandonaran libremente la escena del siniestro vial sin someterse al test de alcoholemia, mientras que los damnificados, lesionados, quedaron detenidos en una comisaría del centro de San Salvador de Jujuy.
Según la reconstrucción de los hechos presentada por los fiscales Marcelo Cuellar y Diego Funes en la acusación, aproximadamente a la 01:00 del 17 de julio de 2015 circulaba por la calle Otero -de norte a sur, de acuerdo al sentido de circulación de dicha arteria en ese entonces- una camioneta Chevrolet Blazer conducida por Gustavo Alfredo Pacheco, quien “al llegar a la intersección con calle Alvear, fue negligente al no disminuir la velocidad y no ceder el paso al automóvil Volkswagen Gol, el cual venía por su derecha transitando por calle Alvear, conducido por José Rodríguez, provocando que ambos rodados colisionaran”.
Según la requisitoria de la Fiscalía, en esas circunstancias fue que uno de los acompañantes de Pacheco, identificado como Rolando Zeballos, llamó “desde su teléfono celular” al entonces secretario de Seguridad de la Provincia, Jorge Rodolfo Zurueta, “quien en forma inmediata se hizo presente en el lugar del accidente”.
Tomando el control de la situación, el funcionario “ordenó al personal policial interviniente que los ocupantes del Volkswagen Gol, conducido por Rodríguez, fueran trasladados a la Comisaría Seccional 1ra”.
Al mismo tiempo, Zurueta dispuso que los ocupantes de la camioneta “se retiraran del lugar sin practicarse sobre los mismos, como objeto de prueba, los exámenes toxicológicos correspondientes, para determinar el nivel de alcohol en sangre al momento del hecho”, maniobra que derivó en “la pérdida irrecuperable de material probatorio para el esclarecimiento del delito de lesiones culposas en accidente de tránsito”, sostuvieron en la acusación los fiscales Cuellar y Funes.
Cabe apuntar que producto del impacto “resultaron lesionadas las tres personas que se encontraban en el vehículo conducido por Rodríguez”, describieron en su relato los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Evaluadas las pruebas y los testimonios recogidos durante el proceso, el Tribunal en lo Criminal nº 1 determinó que el acusado resultó autor penalmente responsable del delito de “encubrimiento real agravado por la calidad de funcionario público”.
PRISIÓN CONDICIONAL E INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS
Por tal razón el tribunal integrado por las magistradas Felicia Barrios -quien ofició como presidente de trámite- y Alejandra Tolaba, y el juez Luciano Yapura, resolvió condenar a Jorge Rodolfo Zurueta a la pena de un año y tres meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de tres años.
También ordenaron que “una vez firme y consentida la sentencia”, el exfuncionario condenado deberá estar a disposición de la Justicia cuando le sea requerido, por el lapso de dos años. De no observar esa regla de conducta se podrá revocar la condicionalidad de la sentencia, informaron voceros del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy.
En la etapa de alegatos la Fiscalía había pedido al Tribunal que condene a Zurueta a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y de cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, mientras que el defensor del acusado, Marcelo Elías, pidió “la absolución lisa y llana o subsidiariamente por el beneficio de la duda” para su cliente.
El actual juez había llegado a este juicio acusado también de haber cometido el delito de “encubrimiento personal agravado por la calidad de funcionario público”, cargo por el cual fue absuelto por el beneficio de la duda.
Cabe recordar que las partes podrán solicitar la revisión de la sentencia ante una instancia superior al Tribunal de juicio una vez que sean dados a conocer los fundamentos, lo cual será en el plazo establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia, indicaron los voceros oficiales.