El senador nacional Guillermo Snopek solicitó a Legislatura de la Provincia la promoción de juicio político y destitución de la presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Clara De Langhe de Falcone, por incumplimiento de los deberes a su cargo, incapacidad para el desempeño de sus funciones producto de la inhabilidad moral de la apropiación de un menor de 10 años y su supresión de la identidad; y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones, confirmaron hoy fuentes cercanas al legislador.
Según un documento de 17 páginas presentado ante la Justicia y al que tuvo acceso Télam, Snopek aclara que "si bien existirían algunos delitos que se habrían configurado por conductas realizadas cuando no estaba en ejercicio de su cargo judicial, son de una gravedad extrema que la inhabilitarían de por vida a la Jueza de ejercer su cargo judicial", en tanto, "los otros presuntos delitos como el abuso de autoridad y el tráfico de influencias habrían sido cometidos en ejercicio de su cargo de Vocal del Superior Tribunal de Justicia".
Sobre la comisión de delitos a su cargo, se menciona una "denuncia penal, realizada en mayo de 2017, que se tramita en la Fiscalía de Investigaciones Penal Nº 12 de Jujuy, en la cual se investiga a Langhe de Falcone por la supuesta supresión de identidad a un recién nacido, a quien habría anotado como propio".
De dicha denuncia, surge que "habría incurrido en cinco tipos penales, dos de ellos en el ejercicio de sus funciones".
"A la fecha el expediente está en la oficina del Dr. Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación, quien se lo requirió de la Fiscalía Nº 12, paralizando de hecho la investigación correspondiente. Esto demuestra la influencia de la denunciada en el sistema judicial, pues aprovechando su cargo impide la investigación penal en su contra", afirma Snopek, según el documento.
En torno a la destitución de funcionarios políticos y miembros del Poder Judicial, se menciona siete casos de "forzadas renuncias y apartamiento de sus cargos de funcionarios de la política pertenecientes a los bloques PJ y Frente Unidos y Organizados, así como también las de miembros del Poder Judicial mediante la formulación de denuncias penales".
El causal de destitución de De Langhe de Falcone estaría orientado a "su incumplimiento del deber de velar por la correcta administración de justicia, toda vez que permitió y toleró que se utilizara al Poder Judicial provincial, del cual ella es su máxima autoridad, para que el gobernador Gerardo Morales colocara en dichos cargos a funcionarios que respondían a él".
En tanto, en la acusación por incumplimiento del ejercicio de la superintendencia, explica que es "por haber permitido que el Fiscal General de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez, ejerza la función de superintendencia del Ministerio Público de la Acusación, que legalmente le corresponde al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia".
"Más allá de las disposiciones legales de la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, en diciembre de 2015, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial son claras al establecer que la función de superintendencia corresponde exclusivamente al STJ", sostiene Snopek.
Esa supuesta falta de cumplimiento de las funciones de superintendencia llevaron a que, según la presentación, "el Dr. Lello Sánchez inicie sumarios disciplinarios contra fiscales, nombre empleados y funcionarios y se arrogue competencias que por la Constitución Provincial le corresponden exclusivamente al STJ".
Lo anterior "lleva a pensar que la aquí denunciada le permitiría estos abusos al Dr. Lello Sánchez como contrapartida a la paralización de hecho de la causa referida ´ut supra´ en la que ella se encuentra denunciada", se supone finalmente, en otros argumentos, en el escrito.