En el marco del trámite de la "Megacausa", el juez Isidoro Cruz recibió un nuevo pedido de sobreseimiento para el exgobernador Eduardo Fellner, quien está imputado de asociación ilícita y administración fraudulenta. Mientras tanto el magistrado respondió favorablemente a un pedido de la defensa del intendente Raúl Jorge para que se efectúe un careo entre dos exauditoras de la Secretaría de Obras Publicas Nación ante presuntas "contradicciones" entre ambas.
En la "megacausa" se investiga el presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas, entre ellos exfuncionarios nacionales como José López y Germán Nivello, intendentes en funciones y otros con mandato cumplido, y cooperativistas nucleados en la organización social Tupac Amaru.
Las fuentes revelaron que el juez de Control N° 4, Isidoro Cruz, tendrá que definir la solicitud de la defensa técnica del exgobernador, que considera que "no existen elementos que indiquen que haya participado de algún delito", como también sostiene que "los dictámenes fiscales que lo acusan no describen ninguna conducta que pueda ser considerada un delito".
El abogado defensor de Fellner, Horacio Aguilar, consideró que "falta mucho por investigar" en la "megacausa" para "establecer cuáles son efectivamente las viviendas y el dinero que falta, como también la responsabilidad de la materialidad de los hechos" y en lo que respecta a su cliente, esperan una pronta resolución de la justicia ordinaria, que se estima sería dada a conocer antes de fin de mes.
Por otra parte, el juez Cruz dio curso al pedido del abogado defensor Facundo Chañi, quien representa al intendente capitalino Raúl Jorge, para que se realice un careo entre las exauditoras de la Secretaría de Obras Publicas Nación Roxana Abud y Patricia Petroni, al identificar supuestas contradicciones en sus respectivas declaraciones indagatorias.
Según Chañi, en las declaraciones de las exauditoras "no quedó claro" quiénes debían inspeccionar las obras de viviendas que realizaba la organización barrial Tupac Amaru, liderada por la dirigente social Milagro Sala, también imputada en esta causa.
Si bien aún no se definió una fecha para el trámite judicial mencionado, se espera que se realice en el transcurso de las próximas dos semanas, indicaron las fuentes.
En la "megacausa", que transita la etapa de recolección de pruebas y testimonios, se investiga el presunto desvío de unos 1.300 millones de pesos enviados por el Gobierno nacional para construir viviendas que según la Fiscalía no fueron ejecutadas.