El Colegio Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Jujuy emitió un comunicado en el que expresa "su profundo desagrado y preocupación" por supuestas presiones "que se intentan ejercer a través de medios gráficos y redes sociales con la finalidad de evitar la realización y culminación de los procesos que se sustancian".
La posición de la entidad se debe a que en los últimos días el periódico El Expreso de Jujuy reveló que una resolución formulada por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 en el marco de la causa "Pibes Villeros", causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos, contenía párrafos textuales idénticos a una causa que se investigó en Buenos Aires.
Según las investigaciones del medio periodístico nombrado y que se viralizaron en las redes sociales, en dicha resolución "se plagiaron párrafos enteros" de un fallo de la Cámara de Casación Federal para justificar el rechazo a casi toda la prueba testimonial, documental y pericial que solicitó la defensa de la dirigente social encarcelada Milagro Sala.
En ese contexto el Colegio de Magistrados y Funcionarios sostiene que el Estado "mediante los tres poderes que lo integran deben velar por la independencia de jueces, fiscales y defensores, preservándolos de presiones de cualquier naturaleza y origen, y ello porque la ciudadanía tiene el derecho de contar con la garantía de una justicia independiente".
"Rechazamos de plano los intentos de intimidación -continúa el texto- que perturben el ánimo de quienes tienen la difícil e importantísima tarea de llevar adelante causas cuya dilación solo produce malestar, inseguridad, desconfianza y desestabilización del sistema jurídico instaurado y que todos debemos defender en pos de la paz social e institucional".
Finalmente la entidad insta “a confiar en la tarea de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la noble misión de dar a cada uno lo suyo y a utilizar medios dignos y lícitos para defender los derechos de las partes y sus intereses”.
Cabe recordar que la causa "Pibes Villeros" tiene como imputados a la dirigente social Milagro Sala, quien cumple con una prisión domiciliaria, y los excooperativistas Osvaldo Nieva, Mabel Balconte y Marcia Ivone Sagardía, todos acusados de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública y extorsión.
Además, están imputados 26 exfuncionarios del gobierno provincial y miembros de la organización barrial Tupac Amaru, entre ellos Pablo Tolosa Perea y Olga Inés Tufiño, por catorce hechos en concurso real de fraude a la administración pública.