Reiterando una gestión iniciada en febrero pasado, la Defensoría del Pueblo de Jujuy solicitó a las autoridades nacionales que se difiera y congele las cuotas de los créditos UVA que se encuentran próximas a vencer, para lo que incluso invocó los alcances del Pacto de San José de Costa Rica.
"He solicitado que se prorroguen las medidas alcanzadas por el DNU 319/20 en idénticos términos, es decir con el diferimiento y el congelamiento de cuotas" para los tomadores de estos créditos, explicó el defensor Javier de Bedia.
Advirtiendo que dicho decreto tiene vigencia hasta el 30 de septiembre próximo, el funcionario aseguró que está instalado un escenario de "incertidumbre por lo que puede pasar a partir de octubre respecto a las cuotas de estos créditos que impactarán en las familias que, por diferentes motivos, tuvieron que atravesar el aislamiento social preventivo y obligatorio con impactos negativos en sus niveles de ingreso", describió De Bedia.
El planteo del ombudsman jujeño está contenido en una nota enviada al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, la cual también fue suscripta por sus pares de las ciudades de Salta y Río Cuarto (Córdoba).
En los fundamentos de su pedido, De Bedia apunta que si bien por efectos del decreto mencionado las cuotas quedaron congeladas al valor de marzo pasado, "la inflación y sus consecuencias hicieron que el valor de los créditos UVA experimente un incremento que estuvo por encima de los ingresos salariales antes del inicio del aislamiento social", puntualiza.
Al mismo tiempo hace notar que en el actual contexto se "ha profundizado el esfuerzo que estos miles de argentinos y jujeños ya venían realizando para preservar su vivienda", como también argumenta que "la gran mayoría de los asalariados no han visto incremento alguno en sus haberes, lo que los pone en una situación de extrema dificultad para hacer frente al cumplimiento de lo pactado".
En abono de su posición, en declaraciones periodísticas el Defensor hizo referencia a que "el Pacto de San José de Costa Rica impone a los Estados velar por políticas que garanticen el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda para la población", por lo que "ante esta situación, le hacemos notar al funcionario nacional que las condiciones en las que fue dictado el DNU 319/20 se sostienen hasta la actualidad, y la mayoría de las familias han visto disminuidos sus ingresos regulares ante las restricciones aún vigentes", señaló.
Para formular su iniciativa De Bedia tomó en cuenta además que "muchas de nuestras ciudades se encuentran en el mayor pico de contagio (del coronavirus Covid-19), imponiéndose la adopción de medidas que impidan continuar realizando determinadas actividades tendientes al cuidado personal y de quienes nos rodean, lo que redunda en una merma de los ingresos”, aseveró.
"En razón de estas circunstancias es necesario que se implemente acciones que sirvan a la sociedad en su conjunto y en ese sentido se fundamenta nuestra solicitud", escribió en la nota enviada a Cafiero.
