El gobernador Gerardo Morales y los diputados provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner fueron denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por supuestas irregularidades en los contratos firmados entre el Estado provincial y dos empresas privadas para la atención de pacientes con coronavirus.
La demanda fue presentada en el Ministerio Público de la Acusación bajo el argumento de que, en el caso de los dos legisladores justicialistas, "estarían haciendo uso de dobles funciones de manera inapropiada", dijo el abogado Adrián Iconomovich, quien junto a su colega Jorge Albesa acusaron a Morales, Rivarola y Fellner por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"El Estado provincial ha efectuado una contratación con Mater NOA S.R.L., por $ 57.888.000 por 32 camas por un período de 67 días para la atención integral y específica a pacientes de Covid-19 de obras sociales que el Ministerio de Salud derivare a la Clínica Nuestra Señora de Fátima, de Palpalá", se explica en la denuncia.
"Se ha celebrado un contrato de carácter oneroso con la empresa Mater Noa SRL, cuya gerencia está a cargo de Rivarola, quien a su vez ejerce como diputado por el Partido Justicialista", afirmó Iconomovich.
Tras señalar esa "incompatibilidad", el abogado dijo que el contrato "persigue un beneficio particular" ya que "la clínica que él mismo representa en las contrataciones con el Estado provincial, embolsará todos los beneficios económicos que luego serán distribuidos entre sus socios".
"Es decir que la Provincia ha pagado camas no para garantizar la salud pública sino para garantizar el patrimonio privado de unos cuantos en perjuicio de la salud de los habitantes de la provincia, que no tienen la posibilidad de contar con una obra social", indicó.
Por otro lado, en cuanto a Fellner -bioquímica de profesión-, Iconomovich dijo que, a través de la firma LAC Norte SRL, la diputada provincial celebró un "contrato directo con el Estado provincial para la realización de test PCR de manera monopólica".
"Le cabe la misma imputación que a Rivarola respecto del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" debido a que "no puede ni debe ejercer su profesión (bioquímica) de manera particular ya que existe una incompatibilidad manifiesta en el ejercicio de un cargo público y el ejercicio de su profesión de manera liberal", explicó.