A principios del siglo pasado, Argentina contaba con cuatro Universidades Nacionales de gestión pública: la de Córdoba, la de Buenos Aires, la del Litoral -en Santa Fe- y la de La Plata.
Entre 1900 y 1968 se crearon seis Universidades más, incluyendo la Universidad Tecnológica Nacional en la que se dicta tecnicaturas y todas las carreras de Ingeniería en 29 Regionales distribuidas en el país.
En octubre de 1958 la Asamblea Universitaria aprobó el nuevo Estatuto de la Universidad de Buenos Aires que tuvo vigencia hasta 1966, año de la intervención dispuesta por el gobierno presidió Onganía. Este período ha sido señalado como la "época de oro" de la Universidad, dado el desarrollo inédito que adquirieron tanto la investigación científica como la vida académica en general.
A fines de 1968, el Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Taquini, presentó el "Programa de adecuamiento de la enseñanza universitaria argentina a las necesidades del desarrollo". Este proyecto se basaba en el diagnóstico sobre los desafíos de la universidad pública ante el gran crecimiento poblacional, la incorporación masiva de estudiantes -en especial de mujeres- y el desarrollo cada vez más acelerado de la ciencia y la tecnología.
Debido a la indiferencia del Ministerio de Educación, propició la creación de Comisiones Pro-Universidad en las provincias propuestas -Jujuy una de ellas-, formadas por la población civil y gobiernos locales. Se construyó de esta manera una demanda social que sirvió para fortalecer el consenso acerca de la necesidad de creación de Universidades.
En síntesis, el objetivo del plan consistía en la descentralización de la matrícula en las grandes urbes y la implementación de nuevas casas de estudio en el interior del país con orientación tecnológica relacionada con las necesidades regionales. Los organismos gubernamentales, sin embargo, la juzgaron la idea antieconómica e inapropiada.
Mientras tanto, Levingston, Presidente durante 1970 y 1971 de la autodenominada Revolución Argentina, había manifestado su preocupación por el conflicto social en la ciudad de Córdoba y su particular interés en la descentralización de esa Universidad Nacional, que permitiría evitar la aglomeración de los estudiantes. Incluyó el "Plan Taquini" en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad que estaba elaborando el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), creado por el Presidente Frondizi el 8 de setiembre de 1961.
Así, el "Plan Taquini" comenzaba a ser visto como instrumento político, destinado no sólo a cumplir con la descentralización universitaria y el desarrollo regional, sino también como estrategia de seguridad nacional. Antes de que finalizara su mandato, Levingston logró incluir el proyecto de nuevas universidades nacionales en el Plan Nacional elaborado por el CONADE para el quinquenio 1971-1975.
A partir de allí, el "Plan Taquini" logró que en tan solo dos años se creara trece universidades, pasando de diez en 1971 a veintitrés en 1973. Esto le dio la posibilidad a más de 1.700.000 estudiantes acceder a la educación pública y obtener su título de grado.
La multiplicación de instituciones universitarias a lo largo y ancho del país en tan breve lapso, sin embargo, obvió las advertencias del CONADE y del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales respecto a la multiplicación de las altas casas de estudio y los problemas que traería aparejada. La falta de profesores capaces de ocupar el cargo en las nuevas instituciones fue uno de ellos.
De este modo, el sistema de educación superior aumentó cuantitativamente, pero no cualitativamente, a pesar de los fuertes intentos modernizadores y la nueva oferta de carreras. Asimismo, no logró articularse, como estaba previsto, con transformaciones estructurales más amplias, lo que atentó contra los principios que habían sustentado el proyecto.
Entre 1980 y 2000 se crearon trece nuevas Universidades Nacionales, seis de las cuales están localizadas en el conurbano bonaerense, que abarca veinticuatro municipios y a diez y seis millones de personas.
Entre 2003 y 2015 se crearon otras dieciocho, de las cuales ocho se encuentran en el Gran Buenos Aires, alcanzando en la actualidad cincuenta y seis el número de Universidades Nacionales. La última, creada en noviembre de 2015, comenzó a funcionar en agosto de 2019.
A partir de mayo de 2020 se impulsa dos nuevos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación para crear dos universidades más, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional del Delta.
Otro modo de descentralización que adoptó el sistema público de educación universitaria fue la creación de Sedes Regionales, producto de un proceso de negociación y construcción de políticas entre autoridades académicas del Ministerio de Educación, de las Universidades y de funcionarios locales, generándose un mercado de bienes educativos basado en la función docente.
Esta política académica, que se sostiene con financiamientos específicos cuyas dimensiones constitutivas se articulan pragmáticamente para garantizar la operatividad de los procesos de apertura de sedes parece actuar, en términos generales, en detrimento de la constitución de un entorno académico basado en la producción y distribución de conocimiento.
Se intentó, con la creación de Sedes Regionales, avanzar en la constitución de un nuevo rol de los municipios, aportando recursos económicos e infraestructura propios a las universidades. Los acuerdos políticos-partidarios tienen un rol importante en la conformación del mercado educativo territorial. Sin embargo, salvo en departamentos o ciudades autosustentables, el financiamiento termina siendo asumido por la Nación y, como el presupuesto de las Universidades representa un ítem único en las cuentas del Estado, se dificulta el sostenimiento de la oferta.
Por otra parte, se observa cierta diferenciación de las prácticas universitarias que incide en la formación de los alumnos, de un modo aún no mensurado, que no se reconocen implícitamente y cuyo carácter oculto las torna, entonces, más potentes. El acceso y la permanencia se convierten en prioritarios frente a la calidad educativa y de este modo, se constituyen en una opción diferenciadora.
Es indudable que existen efectos positivos en estas aperturas como lo es la ampliación de la base social de la universidad, entendiendo al acceso a la educación superior como un derecho social.
En todo caso, se define que noción se tiene respecto de la inclusión educativa, si se restringe al acceso o una más profunda que entiende que la verdadera inclusión es la que permite el acceso no sólo a la institución, sino al conocimiento complejo, en condiciones equivalentes de formación universitaria.
Estas nuevas formas institucionales ponen en juego cuestiones ligadas a la autonomía, al gobierno y la gestión de las universidades y del sistema de educación superior, en sentidos aún poco reconocidos y explorados.
(*) Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu
