La diputada nacional por Jujuy Carolina Moisés consideró que "es urgente aprobar" el proyecto de ley que propone limitar la responsabilidad penal a médicos e integrantes de equipos de salud por acciones realizadas durante la atención de pacientes afectados por coronavirus.
"Buscamos proteger a quienes hoy están más expuestos, corriendo riesgo con sus vidas, para que además no tengan que cargar con la preocupación en cuanto a la responsabilidad en el caso que estén tratando, específicamente casos Covid-19, y mientras dure la emergencia sanitaria", expresó la legisladora del Frente de Todos sobre el proyecto de su autoría.
La iniciativa, presentada en la Cámara Baja a mediados de junio, plantea la modificación del Código Penal.
"Hoy la legislación penal establece las distintas penas por los casos de negligencia o de mala praxis, y entendemos que en esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, con una escena en la cual la propia enfermedad es compleja y en la que puede llegar a haber limitantes en los equipamientos y demás, buscamos que los médicos no sean objeto de denuncias, imputaciones o acusaciones", explicó la diputada sampedreña.
El proyecto establece que no serán punibles los procedimientos médico-asistenciales realizados en el marco de la pandemia de Covid-19 y de la emergencia sanitaria declarada por el decreto 260/2020, que sean objeto de denuncias, acusaciones y/o imputaciones penales, y no configurarán "en ningún caso los delitos tipificados en los artículos 106°, 202° y 203° del Código Penal", tanto en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, mientras dure la emergencia sanitaria.
"Aplaudimos a los médicos, los felicitamos, les ponemos tweets y los periodistas los alaban, pero la realidad es que hoy los médicos están poniendo el cuerpo y el alma, ponen en riesgo su propia vida y la de sus familias y como sociedad no podemos cargarles la responsabilidad penal individual establecida en el Código Penal", dijo Moisés en declaraciones al canal Crónica TV.
La norma presume que las acciones de los profesionales y el personal de la salud quedan comprendidas en los supuestos del artículo 34°, inciso 3° y 4° del Código Penal, por los que no es punible "el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño" y "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo", salvo que se acredite dolo o intención deliberada de propagar la pandemia o abandonar a una persona.
La iniciativa tiene las adhesiones expresas de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Red Integrada de Médicos Argentinos (REDIMA), entre otras entidades.