Con la presencia de 46 diputados, durante la primera sesión especial del año en la Legislatura de Jujuy tomó estado parlamentario el pedido de juicio político promovido por el bloque de diputados provinciales del Frente de Todos-PJ (FdT-PJ) contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca.
La presentación fue defendida por el diputado Rubén Rivarola, quien mocionó para que el pedido sea derivado a la Sala Acusadora, definiendo que este viernes a la 110:00 la misma se reúna para designar a los miembros de la Comisión Investigadora.
De tal manera, la Legislatura aprobó por unanimidad el inicio del proceso de juicio político al juez Baca, acusado de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", tras haberse difundido grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se lo escucha asumir que la dirigente social Milagro Sala permance detenida porque representa "un problema para el Gobierno" provincial.
Rivarola, jefe de la bancada del FdT, fue el encargado de solicitar que el proceso de investigación se inicie con la intervención de la Sala Acusadora, que se conformará con seis legisladores.
La moción fue aceptada por unanimidad y se dio por concluida la sesión.
En los audios -publicados por el sitio web El Cohete a la Luna, del periodista porteño Horacio Bertvisky-, Baca dice que la líder de la Tupac Amaru está presa "no por sus delitos", sino para que Jujuy no vuelva "al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".
Asimismo, se lo escucha al magistrado protestar contra la figura del titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, por las "presiones" que ejercía sobre los jueces en las causas que se le seguía a Sala.
Antes de la sesión, por la mañana, diputados del PJ se habían presentado en las oficinas del MPA, donde ratificaron y ampliaron las denuncias penales contra Baca y el propio titular de ese organismo, Lello Sánchez, investigación que sigue su curso.
Finalmente, los legisladores de la oposición también recusaron al fiscal Diego Ignacio Funes -quien investiga las causas contra los funcionarios judiciales-, por "falta de imparcialidad".