Eduardo Sánchez
Después que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenara a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que "se abstenga de realizar cualquier tipo de decomiso a un determinado grupo de vendedores ambulantes", una avalancha de "desacuerdos" se sucedió en las últimas horas expresados por diferentes entidades civiles que agrupan a empresarios y comerciantes de distintos puntos de la provincia.
Todo comenzó a medidados del mes de noviembre, cuando con una campaña encarada por las autoridades municipales se puso énfasis en los riegos que implica para la salud de la población el consumo de productos prohibidos que son comercializados en la vía pública en la temporada estival, como los populares "juguitos" -jugos artificiales congelados en pequeñas bolsas de polietileno, a modo de sachets, o envasados en botellas de gaseosa de un solo uso- y "ensaladas de frutas" en vasos o potes de plástico, conservadas en tachos con hielo.
La primera en reaccionar ante el fallo del STJ fue la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), que emitió un comunicado en el que sostiene que la medida ordenada "genera un alto grado de desprotección hacia la población en relación a salud pública, ya que impide controlar la inocuidad de alimentos y bebidas que se expenden en la vía publica".
En septiembre de 2016 el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy sancionó la ordenanza Nº 6.884, que regula las actividades de comercialización en la vía pública que realicen "vendedores ambulantes, vendedores con parada fija transitorios y vendedores con parada fija permanente".
En ese sentido también reivindica la entidad empresarial "la lucha del sector privado contra la competencia desleal que genera el comercio informal e ilegal, desfavoreciendo el progreso y supervivencia del sector privado, que paga sus impuestos y genera mano de obra genuina en el país y provincia", y trae a colación que "es así que tantas veces se solicitó a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que se actúe frente a este problema".
A la posición planteada por la UEJ expresaron su adhesión la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Cámara Pyme de Jujuy, Sociedad Rural Jujeña, Cámara de Inmobiliarias, Cámara de Comercio Palpalá, Cámara de Hoteles y Afines de Jujuy, y la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo.
Idéntico criterio adoptaron la Cámara de Industria Comercio y Turismo de El Carmen, Jujuy Bureau, Cámara de Turismo de Jujuy, Cámara de Software, Cámara de Comercio Exterior, Unión Industrial de Jujuy, Cámara Jujeña de la Construcción, Cámara Argentina de la Construcción delegación Jujuy y AHT filial Jujuy.
Dicen a la vez las organizaciones que "nos parece muy peligroso despojar al Municipio de las herramientas que dispone para el control de las normas vigentes, ya que deja a la ciudadanía expuesta a serios peligros, vulnerando principios republicanos de convivencia y sentando muy peligrosos precedentes".
Mientras la controversia generaba opiniones de diferentes índoles entre la comunidad, la Municipalidad dictaba el último curso del año sobre "Manipulación de alimentos", a cargo de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno, destinado a vendedores ambulantes.
Orientado a quienes aun no cuentan con el certificado de manipulación de alimentos, que es obligatorio para el expendio de comidas, el curso se extendió a lo largo de tres días, con una intensa formación.
Finalizado este ciclo, durante las próximas semanas se trabajará en la planificación de un nuevo curso, adaptado a las nuevas exigencias establecidas a partir de la modificación del Código Alimentario Argentino, según señaló la directora de Seguridad Alimentaria, Verónica Sánchez Rojo.
Entre las nuevas disposiciones se cuenta la obligatoriedad de acreditar "un carnet de manipulador con un registro a nivel nacional", como también "debemos incorporar temas como celiaquía y nutrición a los cursos de manipulación", señaló la funcionaria.