La diputada nacional por Jujuy Carolina Moisés presentó ante la Justicia provincial un pedido de informe sobre el estado del proceso de venta del ingenio La Esperanza, en el que hace foco en plazos vencidos en el pago de las cuotas acordadas, y el despido de 19 trabajadores.
Así lo indicó la legisladora nacional luego de realizar la presentación en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, dirigida al juez que intervino en la quiebra del complejo azucarero, vendido en mayo pasado al grupo tucumano Budeguer.
"El 30 de octubre ha vencido el plazo de la segunda cuota a pagar y tenemos información respecto a que la empresa habría pedido una compensación del pago de esa cuota en función de supuestas obras; queremos saber si es así y cuáles han sido esas obras, ya que esto no estaba previsto en la venta", dijo Moisés a la prensa local.
Agregó que sumado a ello "hay deudas con proveedores y también una deuda millonaria con la obra social de los trabajadores del ingenio", con la que si bien ya había incumplimientos antes de la venta, "tampoco hizo pagos Budeguer".
"Ya pasó suficiente tiempo para que se instale y funcione", resumió Moisés, atento, según dijo, a la manifestación de "gran preocupación y malestar" por parte de trabajadores y de la comunidad sampedreña.
En el escrito se solicita informe sobre si "conforme los términos y condiciones de la venta del Ingenio La Esperanza, la firma adquirente ha cumplido con los pagos de la propuesta".
También se pide que se informe sobre "el caso particular de 19 trabajadores permanentes que fueron despedidos en 2017, sin recibir indemnización alguna, muchos de ellos con más de treinta años de antigüedad".
El proceso de transferencia del ingenio la Esperanza, administrado por el Gobierno jujeño tras 20 años en quiebra, se inició a fines de mayo a partir de una resolución judicial de adjudicación de la venta del complejo al grupo tucumano Budeguer, a cambio de un total de US$ 50 millones.
Tras un aporte inicial de US$ 5 millones, se fijó un segundo depósito, de US$ 2 millones, para el 30 de octubre y un tercero, de US$ 3 millones, para el 30 de abril del 2020, según la resolución emitida por el juzgado que intervino en la quiebra de la fábrica, a cargo del juez Juan Pablo Calderón.
El saldo restante fue acordado abonarse en quince cuotas anuales, iguales y consecutivas, de US$ 2.666.666 en septiembre de cada año a partir de 2021 y hasta 2036.