El proyecto aprobado este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación establece que la "emergencia alimentaria" se prorroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En eefecto, el texto establece que el Estado deberá disponer "un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Respecto de esto, el diputado jujeño José Luis Martiarena dijo que "el Gobierno nacional es responsable" de la situación imperante y por ello "debe garantizar el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de todos los argentinos".
Luego, al tiempo que definió que "la política y la economía deben estar al servicio del desarrollo humano", adelantó que "voy a trabajar junto a los equipos técnicos y profesionales del futuro presidente Alberto Fernández en el diseño de una política pública alimentaria nacional para beneficiar a los jujeños que la necesiten y erradicar el hambre definitivmente en toda la Argentina".
Impulsado por los bloques opositores, el proyecto que alcanzó la media sanción del Congreso con 222 votos afirmativos y una abstención, faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
"La Argentina -siguió diciendo Martiarena- vive una profunda crisis social y económica. Es un país inmensamente rico pero empobrecido por las malas políticas y el modelo económico que ha fracasado", sostuvo.
A lo largo del articulado de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ´Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional´ que apruebe el Congreso de la Nación".
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en su carácter de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.