Autoridades sanitarias desconocen a la Fundación Argentina de Baja Visión, que estaría haciendo operativos en los que atienden pacientes y les venden anteojos sin autorización


Una organización cuyos directivos argumentan, como antecedentes, tener convenios firmados con autoridades de diferentes provincias y ciudades pero que viene de ser motivo de controversias en el sur del país semanas atrás, fue cuestionada por autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy, que alertó a la población acerca de “un grupo de personas que actúan bajo el nombre de ´Fundación Baja Visión´, quienes hacen ejercicio ilegal de la medicina, diagnosticando problemas oftalmológicos y recetando anteojos que ellos mismos venden”.

Un informe oficial refiere la intervención de la Dirección de Auditoría y Control de Gestión de la cartera sanitaria provincial, que “es la que se encarga de fiscalizar los establecimientos de salud”, puntualizó el ministro Gustavo Bouhid, quien advirtió “sobre estos individuos que no están habilitados para brindar un servicio de oftalmología y que los más probable es que ni siquiera sean profesionales”.

La organización se presenta en la red social facebook con un resumen de algunas de sus actividades, aunque escasea información acerca de su estructura institucional. En diferentes artículos periodísticos en internet se hace mención a una persona de nombre Emanuel Filelfi como presidente de la fundación, aunque en otras notas aparece como apoderado.

Ministro de Salud Gustavo Bouhid

El ministro Bouhid requirió que quienes en Jujuy “hayan sido víctimas de estos individuos que actúan en nombre y representación de Fundación Argentina Baja Visión o Fundación Baja Visión, realicen la denuncia correspondiente, ya que el caso ahora está en manos del Poder Judicial”, remarcó.

Por su parte, el director de Auditoría y Control de Gestión, Ricardo Ruíz, dijo que se tomó intervención en base a “una denuncia realizada por el Colegio de Ópticos, a partir de la cual se montó una investigación que duró alrededor de veinte días”, que permitió “detectar que estas personas prestaban un inadecuado e ilegal servicio en casas de familia”.

Esas tareas, calificadas reiteradamente como ilegales por los funcionarios, se produjeron en El Carmen y Perico, según informaron las autoridades, que al mismo tiempo exhortaron a la población a no aceptar “dichos servicios que no están habilitados y que, ante la necesidad, concurran al servicio público del hospital, donde se realizan las prestaciones de manera gratuita”.




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