Trabajadores del Ingenio La Esperanza, junto a familiares, realizaron este jueves una marcha desde ese complejo hasta la sede del Poder Judicial en San Pedro, donde reclamaron al juez de la quiebra que garantice, ante la eventual venta del sector productivo, la continuidad laboral de los 617 operarios que trabajan en la planta.
"Queremos que queden garantizados los 617 puestos de trabajo en caso de una posible venta, siempre respetando todos los derechos adquiridos", dijo Sergio Juárez, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (Soea).
Además se reclamó que el juez de quiebra del sector productivo Juan Pablo Calderón incorpore a un representante de los trabajadores en el proceso de venta, anunciado por el Gobierno provincial.
La columna que avanzó por calles de San Pedro estuvo acompañada además por integrantes de organizaciones sociales, espacios sindicales y ciudadanos que se sumaron a la manifestación, entre quienes se encontraba la abogada Paloma Álvarez Carreras, candidata a gobernadora por Unión Ciudadana Jujuy.
Al llegar a las instalaciones de la Sede Judicial, los azucareros entregaron un petitorio al juez, en el que, además de la demanda de la continuidad laboral, se pidió la revisión de la forma de pago de la antigüedad de los operarios y se actualice los montos de tope indemnizatorio, entre otros puntos.
"Transcurrieron 19 años del proceso de quiebra y en estos tres años de gestión, los trabajadores azucareros están perdiendo sus derechos", advirtió Álvarez Carreras.
En el comienzo de su gestión, el gobernador Gerardo Morales dispuso que se proceda a la venta a inversores privados de las 70.000 hectáreas del sector productivo en quiebra, operación que aún no fue resuelta.
La candidata de Unidad Ciudadana dijo que entre las propuestas del sector está el proyecto para "crear la empresa AZUJuy S.E., estatizando la histórica deuda del Ingenio La Esperanza, y propiciar programas de reconversión productiva", describió.
La firma Productora del Norte SA, empresa del grupo Budeguer, es la única oferente para quedarse con 30.000 hectáreas y el complejo industrial del Ingenio La Esperanza, mientras que 40.000 hectáreas quedarían bajo la administración del Gobierno provincial.