El paisaje árido del altiplano boliviano es testigo de la cruzada emprendida por la concejala aimara Vicencia Apaza con ayuda de una motocicleta en contra del acoso político y la corrupción en su pequeño municipio.
Vestida con polleras, manta y bombín, la vestimenta tradicional de las aimaras bolivianas, Apaza llegó a la entrevista con Efe en la capital del municipio de San Pedro de Curahuara a bordo de su moto, tras surcar los caminos ondulados de tierra desde su comunidad originaria o ayllu de Matapiri.
Apaza es concejala en San Pedro de Curahuara, a unos 150 kilómetros de la ciudad de La Paz, con una población que no supera las 9.000 personas.
La concejala estudió Justicia Comunitaria a nivel técnico en la universidad estatal de La Paz y luego hizo carrera en el área municipal, lo que le animó a postularse en las elecciones municipales de 2015.
Entonces resultó electa en representación del Movimiento Por la Soberanía, mientras que los otros cuatro miembros del concejo y el alcalde, Fernando Villca, pertenecen al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
"Para mí no ha sido tan fácil, he tropezado con muchas cosas. A veces decir la verdad, ser sincera, parece que no es tan bueno", lamentó la concejala.
Los problemas comenzaron en 2017, cuando ella y otra concejala del MAS, Zayda Choque, denunciaron a dos concejales por usar una camioneta del municipio para fines particulares.
La justicia dispuso detención domiciliaria para ambos, pero su abogado presentó una "licencia laboral" que les permitió volver a sus funciones y fue en ese momento cuando comenzó la arremetida, sobre todo en contra de Apaza.
Las convocatorias a sesiones del concejo deberían publicarse al menos con 24 horas de anticipación, pero ninguna de las concejalas reciben oportunamente esa información.
"Es como pagar una venganza de ellos, no avisan (de las sesiones y lugar donde sesionarán) o te tratan con agresión, con palabras fuertes", manifestó.
"Es un total abuso de autoridad, por querer fiscalizar, por querer hacer cumplir las leyes, nosotras estamos sufriendo este acoso, esta violencia", agregó.
Las concejalas excluidas tenían que contratar vehículos constantemente para desplazarse de un lugar a otro para intentar seguir al resto del concejo, lo que implicaba un gasto enorme.
"Por eso es que he optado por comprar mi moto y movilizarme. Andaba en bici también, pero cansa, a veces ya no sientes la rodilla tanto pedalear", explicó.
No fue sencillo aprender a manejar la moto, pues Apaza sufrió innumerables accidentes que quedaron patentes en las raspaduras y focos rotos en el vehículo.
Inicialmente le tomaba una hora y media llegar desde su casa en Matapiri hasta la capital del municipio, pero ahora comenta orgullosa que hace el recorrido en media hora, e incluso a veces lleva pasajeros.
"El frío es fuerte en la mañana, que te hace parar en medio camino", explicó, para agregar que otra complicación también es el viento de la llanura andina que le hace arder los ojos.
Pese a esto, Apaza está decidida a continuar, sin ocultar la preocupación por su seguridad y la de su familia, en especial de su hijo de 15 años, del que es "papá y mamá" a la vez.
"Pido garantías. Otros hermanos me dicen que me cuide, cuando uno sale en los medios de comunicación todo pasa. Me recomiendan así y por algo es, porque hay concejalas que han fiscalizado y desaparecen", expresó.
Apaza aludió así al caso de la concejala Juana Quispe, cuyo cuerpo fue hallado en 2012 en un río de La Paz luego de una serie de presiones y amenazas políticas.
El caso de Quispe fue el precedente para impulsar la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, cuya vigencia desde 2013 no ha sido suficiente para acabar con este problema.
Apaza tiene problemas también con el alcalde, que se niega a recibir sus peticiones de informes sobre obras en el municipio, lo que levanta sospechas de corrupción, según denunció.
A fines de abril, el concejo de San Pedro decidió suspenderla definitivamente por un supuesto "abandono injustificado de funciones e inasistencia a sesiones".
La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) emitió un pronunciamiento en rechazo de la "ilegal e injusta" decisión, argumentando que el concejo solamente puede actuar de esa forma cuando existe una sentencia penal.
Acobol criticó que se acuse a Apaza de abandono de funciones, cuando sus mismos colegas le impidieron participar en las sesiones, "incurriendo en acoso político".
Apaza apeló la decisión porque no va a rendirse para apoyar de la misma forma a otras mujeres que quieran ser concejalas. (Gina Baldivieso/EFE)