Roberto Pico
Una de las principales reformas que pretende encarar el gobierno de Javier Milei es la previsional, dado que es la principal fuente de desfasaje de las cuentas públicas, que a septiembre generaron un déficit de $4,3 billones.
Sin embargo, la Casa Rosada ya anticipó que las modificaciones al régimen de jubilaciones se discutirán después de los cambios en el sistema laboral y tributario.
Para el gobierno, esta secuencia está asociada a los efectos que introducirán los nuevos esquemas: “No se puede corregir el sistema previsional sin antes encarar la reforma laboral para que aumente la cantidad de aportantes”.
Borradores del proyecto de reformas laboral ya están circulando, pero recién sería tratado en extraordinarias y no hay garantías que en ese tiempo se sancionen. En caso de pasar a las sesiones ordinarias de marzo de 2026, se demorará su sanción y aplicación, por lo cual, los primeros resultados aparecerían en 2027. Observando los tiempos políticos, en el año en que Milei irá por la reelección no es tan claro que se lance con una iniciativa que despertará polémica y puede complicarle su destino.
En consecuencia, la actual administración deberá lidiar con un sistema que está quebrado e insume una buena cantidad de recursos públicos que acotan el superávit fiscal.
Los números
Los números recientes son dramáticos: durante el primer semestre del año la cantidad de aportantes al sistema disminuyó en 101.347.
Así lo reveló un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en base a datos oficiales.
El dato es alarmante porque en lugar de corregirse la relación entre aportantes/beneficiarios se agudiza el problema. Actualmente, esa relación es de 1,8 aportantes por cada beneficiario, cuando en realidad tendría que ser tres por uno.
En sintonía con la caída de aportantes, el stock de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró una disminución de 22.412 beneficios en el tercer trimestre de 2025. Este retroceso marca el primer registro a la baja desde la finalización de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 en marzo de este año. En julio el Parlamento había aprobado un proyecto de ley para extender la moratoria por dos años más, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo.
Se estima que la cantidad de beneficios promedio mensual de las Prestaciones Previsionales SIPA había crecido un 2,9% interanual, pero esta tasa ya tiende a reducirse tras el cese de la moratoria, según señaló el informe de ASAP.
El desvío entre aportantes y beneficiarios explica el déficit de $4,3 billones que tiene el sistema en los primeros nueve meses del año.
A consecuencia de esta situación se produce una caída en el poder adquisitivo de los haberes, dado que los recursos son escasos para una retribución acorde para los 6,5 millones de beneficiarios.
El haber medio por titular a septiembre de 2025 fue de $ 675.510, pero su poder adquisitivo se redujo 4,9% con relación a un año atrás. Si se compara con noviembre de 2023 cuando asumió Milei, el recorte es de 12%. Y en los últimos cuatro años es de 24%.
La situación es particularmente grave para los haberes más bajos, que dependen del bono. La decisión de congelar el monto máximo de este refuerzo en $ 70.000 desde marzo de 2024, implicó una reducción de haberes para el 52,2% de los titulares del SIPA (unos 3,2 millones de personas).
A fin de construir un relato favorable, el gobierno excluye del cálculo los bonos -por considerarlos un auxilio extra- y de esta forma puede mostrar una mejora en los ingresos de todos los beneficiarios. También elige hacer el cálculo en dólares sin tomar en cuenta que los gastos aumentaron en mayor proporción en la misma moneda.
El proyecto de Presupuesto para 2026 que comenzó a debatirse en el Congreso no incluye la actualización del bono, dado que la intención del gobierno es avanzar en un proceso de licuación de ese aporte extra.
A mediados de este año, el Congreso sancionó una ley que aumentaba 7,2% los haberes y llevaba el bono a $ 10.000, lo cual corregía parcialmente la pérdida que sufren los jubilados. Pero Milei vetó la norma y con ayuda de los bloques aliados pudo sostener el veto.
Resta saber si en esta nueva etapa de diálogo que dice transitar el oficialismo aceptará cambios en el presupuesto para jubilaciones y acepta una suba en los haberes. Al momento, la situación de los jubilados y pensionados no luce bien para el último bimestre del año. En noviembre tendrán un aumento de 2,1%, que estaría por debajo de la inflación de octubre y posiblemente de la que deberán afrontar al transitar noviembre.
De esta forma, se agudizará la pérdida de poder de compra cuando se acerquen las sensibles compras de fin de año.