Ezequiel Alippe
Un nuevo reclamo por parte del sector transporte se puso en la agenda política por estas últimas horas: empresas de transporte de corta y media distancia le reclaman al Gobierno Nacional el envío de los fondos pactados para que puedan seguir prestando sus servicios.
En caso de no enviarse estos subsidios, las empresas de transporte ya alertaron que podrían llegar a tomar medidas de fuerza en las provincias, dejando de prestar sus servicios.
El anuncio de la interrupción del servicio de transporte
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) publicó un comunicado este viernes donde denuncia al Gobierno Nacional de incumplir con lo acordado en cuanto al envío de fondos para que el transporte de corta y media distancia pueda seguir operando.
Ante lo cual, alertaron que, frente al retraso gubernamental “el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”.
De esta manera, la Fatap denunció que el Gobierno prioriza sus cumplimientos con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes que con ellos. Y la amenaza radica en que no podrán prestar sus servicios y además 33.000 empleados están en riesgo de mantener sus trabajos.
“Al día de hoy el sector de transporte público por automotor de pasajeros de todo el interior del país no ha recibido los aportes comprometidos de parte del Gobierno, y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible”, estas son las explicaciones de la Fatap.
Falta de fondos desde enero
Estos reclamos se vienen dando desde hace un tiempo, dado que por falta de fondos, no se pudieron pagar los sueldos de los trabajadores en enero, situación que podría generar que los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hiciesen un paro.
Asimismo, el reclamo de la Fatap radica en “mecanismos de compensaciones adecuados y eficientes”.
Y en su comunicado, explica: “Se evidencia una clara ausencia de decisiones responsables, dado que la prestación brindada a usuarios de idénticos servicios ha encontrado soluciones y fondos en tiempo y forma, lo que nos hace concluir que el Interior del país no se encontraría dentro de la prioridades de quienes deben adoptar aquellas decisiones”.