Redacción Vía País
Cristina Fernández de Kirchner será notificada este martes por la tarde de que deberá cumplir prisión domiciliaria. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno al canal TN. La medida será oficializada por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2, a través de una videollamada de Zoom, con el fin de evitar su traslado a Comodoro Py.
La decisión de la Justicia
La decisión ocurre en un momento clave del proceso judicial. Este mismo martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del pedido de la defensa para suspender la detención, pero el juez Gorini ya tendría avanzada una resolución que va en sentido contrario, y se espera que la confirme formalmente en las próximas horas.
Una vez realizada la notificación, la expresidenta quedará detenida en su departamento ubicado en San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, sin necesidad de presentarse físicamente ante la Justicia. El plazo legal para hacerlo vencía este miércoles.
¿Cristina Kirchner va a poder recibir visitas en su casa?
Según TN, la prisión domiciliaria incluirá algunas condiciones: no se utilizará tobillera electrónica por falta de disponibilidad de dispositivos, pero se dispondrá de custodia presencial a cargo de fuerzas de seguridad. Además, se restringirá la realización de reuniones políticas en el domicilio, aunque no habrá impedimentos para comunicarse a través de redes sociales, dar entrevistas o aparecer públicamente, por ejemplo, desde su balcón.
Desde el oficialismo aseguran que la medida busca evitar una posible escalada de tensión social ante un traslado judicial de la exmandataria. Sin embargo, sectores del peronismo y organizaciones sociales confirmaron que la movilización convocada para este miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Constitución sigue en pie. Habrá que ver, cuál es la decisión de los convocados, si trasladarse a Comodoro Py, o quedarse en el domicilio de CFK. La consigna “Cristina Libre” mantiene su vigencia, aseguran, con el objetivo de denunciar lo que consideran un caso de lawfare y persecución judicial.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner activó una estrategia en el plano internacional: presentó denuncias ante la Corte Penal Internacional y planea llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un intento por revertir su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, ya ratificada por la Corte Suprema. Uno de los antecedentes que citarán será el del presidente colombiano Gustavo Petro.
En este nuevo escenario, aún resta ver cómo reaccionará la militancia: si adaptará su reclamo a la situación actual o insistirá con una manifestación que, tras la prisión domiciliaria, pierde su objetivo inicial de evitar la detención de la expresidenta en tribunales.