Claudia Mercado
El Tribunal Constitucional de Italia avaló este jueves la legalidad de la reforma que restringe la concesión de la nacionalidad por descendencia, al desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por una corte de Turín (norte).
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La ley, promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni fue aprobada en mayo de 2025 y tiene como fin reducir el volumen de solicitudes desde el extranjero, principalmente de Sudamérica, restringiendo la concesión automática a dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia.
El Constitucional consideró "infundadas" e "inadmisibles" las objeciones legales presentadas contra la norma.
Según el fallo, los nacidos en el extranjero con otra nacionalidad se consideran como si "nunca hubieran adquirido" la ciudadanía italiana, salvo que cumplan requisitos específicos de vinculación directa.
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Entre los requisitos estipulados destacan: haber presentado la solicitud antes del 27 de marzo del 2025, demostrar que un progenitor o abuelo posee exclusivamente la nacionalidad italiana y que el progenitor residió en Italia al menos dos años consecutivos después de obtener la ciudadanía y antes del nacimiento del hijo.
La medida surge en respuesta al incremento de solicitudes de nacionalidad italiana desde países como Argentina y Brasil.
Según datos oficiales, la población italiana residente en el extranjero ha crecido un 40 % en la última década, pasando de 4,6 a 6,4 millones.
Combatir el "negocio" detrás del trámite
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, había dicho oportunamente que la reforma busca combatir la "comercialización" de la ciudadanía italiana, un fenómeno que ha generado sobrecarga administrativa en los consulados, a la vez que cuestionó la autenticidad de los vínculos culturales de muchos solicitantes.
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El Constitucional también respalda la centralización de los trámites en un ente dependiente del Ministerio de Exteriores.
A partir de esta medida, los consulados dejan de tener la competencia de gestión para aliviar el colapso administrativo provocado por el elevado volumen de expedientes pendientes.