Puerto Iguazú: rechazaron liberar a dos policías investigados por cobros y abusos a detenidos
El juez de Instrucción Tres, Martín Brites, negó los pedidos de excarcelación de un sargento y un agente. La Justicia investiga presuntos cobros por celulares y visitas íntimas, además de hechos de violencia contra internos.
Jimena LeguizamónLos dos policías de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú investigados por presuntas irregularidades en el sector de Resguardo de Detenidos continuarán privados de su libertad. El juez de Instrucción Tres, Martín Brites, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por sus defensas.
Se trata del sargento Rafael A., de 44 años, quien prestaba servicio en la Comisaría Segunda, y del agente Rodrigo A., de 25, integrante del Comando Radioeléctrico de Iguazú. Ambos fueron detenidos el 2 de septiembre y posteriormente apartados de la Policía de Misiones.
La investigación busca determinar si durante varios meses funcionó dentro del sector de alojamiento de detenidos un esquema de cobros a cambio de determinados beneficios. Entre las situaciones bajo análisis figuran el ingreso y uso de teléfonos celulares, visitas íntimas fuera del reglamento y presuntos episodios de violencia contra internos.
La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre que había estado alojado en el lugar y relató presuntos malos tratos e irregularidades. A partir de esa presentación, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Misiones reunió elementos y los remitió al juzgado.
Entre las medidas ordenadas se encuentran las detenciones de los dos efectivos y el secuestro de sus teléfonos celulares. El análisis de esos dispositivos será clave para determinar si existieron comunicaciones y movimientos de dinero relacionados con las maniobras investigadas.
Una de las hipótesis apunta al presunto cobro de unos $100.000 por el ingreso de cada teléfono celular y de alrededor de $30.000 semanales por su utilización dentro de los pabellones. La investigación busca establecer cómo ingresaban y permanecían los aparatos pese a los controles.
También se analizan presuntos cobros de entre $50.000 y $70.000 por visitas íntimas que se habrían autorizado al margen de las normas. Los investigadores intentan determinar quiénes recibían el dinero y si los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias.
Otra línea de la causa apunta a presuntos episodios de violencia contra internos. La hipótesis judicial sostiene que uno de los policías habría recurrido a otros detenidos para ejercer agresiones contra algunos compañeros, con el objetivo de presionarlos para que solicitaran dinero a sus familiares.
La causa se tramita provisoriamente por cohecho pasivo, apremios ilegales a presos, extorsión y encubrimiento agravado por la condición de funcionario público, en concurso real.
Ahora, la Justicia deberá avanzar con el análisis de los elementos secuestrados y determinar si participaron otros policías o internos, además de establecer el alcance y el período en que habrían ocurrido las presuntas maniobras.
