Puerto Iguazú fue declarada en emergencia municipal en materia de prevención, abordaje integral de los consumos problemáticos y protección comunitaria, luego de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad una iniciativa impulsada por el concejal Fabián De Sá.
La medida establece un período inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y busca reforzar las acciones de prevención y asistencia que ya desarrollan distintas instituciones de la ciudad, además de generar nuevas herramientas de intervención.
El proyecto había sido presentado originalmente en marzo, aunque no había avanzado en el Concejo. Tras cinco meses, De Sá presentó una nueva iniciativa con modificaciones y promovió su tratamiento sobre tablas durante la sesión del miércoles 20 de agosto.
La convocatoria generó una importante presencia de vecinos en el recinto, entre ellos familiares de personas que atraviesan situaciones vinculadas con consumos problemáticos. Finalmente, todos los ediles acompañaron la declaración de emergencia.
Qué contempla la ordenanza
Entre las principales medidas se encuentra la creación de un programa municipal de respuesta ante situaciones de consumos problemáticos, que deberá establecer protocolos de actuación y promover la articulación entre instituciones.
La normativa también contempla un mapeo de vulnerabilidad para identificar zonas y situaciones que requieran mayor atención. El relevamiento deberá preservar la identidad y privacidad de las personas y no tendrá fines de investigación de delitos.
Otro de los objetivos será fortalecer las tareas de prevención, con especial atención en las infancias, aunque el programa tendrá alcance para toda la comunidad.
Además, el Concejo Deliberante deberá recibir un primer informe a los 60 días de la promulgación de la ordenanza, con detalles sobre las acciones implementadas y el funcionamiento del programa.
Observaciones durante el debate
Durante el tratamiento, la concejal oficialista Raquel Matcoski realizó observaciones sobre los alcances de la normativa y advirtió que algunos aspectos están atravesados por legislación nacional que limita la intervención municipal.
Entre ellos mencionó la Ley de Salud Mental, que establece determinadas condiciones y restricciones para las internaciones sin consentimiento.
Pese a estas observaciones, el proyecto obtuvo el respaldo de la totalidad de los concejales.
La aprobación fue recibida con aplausos por los vecinos presentes en el recinto, especialmente por familiares que vienen reclamando respuestas ante situaciones de consumo problemático y esperan que la declaración permita fortalecer las herramientas de prevención, asistencia y acompañamiento en Puerto Iguazú.