Jimena Leguizamón
En la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú aprobó una ordenanza que establece los nuevos valores del Transporte Público Urbano de Pasajeros, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
La medida fue adoptada luego del análisis del estudio de costos presentado por la empresa prestataria del servicio. Si bien el informe incluía un pedido de incremento tarifario mayor, el cuerpo deliberativo resolvió no aplicar el porcentaje solicitado, con el objetivo de resguardar el interés general y atenuar el impacto económico sobre los usuarios.
Desde el ámbito legislativo se destacó la necesidad de garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta al mismo tiempo la situación económica de la comunidad. Para la definición de los nuevos valores se consideraron el contexto inflacionario, la deuda del Estado en concepto de subsidios, así como la desregulación del precio de los combustibles, factores que incidieron de manera directa en el aumento de los costos operativos.
Nuevas tarifas desde enero de 2026
De acuerdo a lo establecido en la ordenanza, las tarifas del transporte urbano quedarán fijadas de la siguiente manera:
- Boleto único con tarjeta del sistema electrónico: $1.600
- Boleto único sin tarjeta del sistema electrónico: $2.000
- Servicio Iguazú – Cataratas: $10.000
- Servicio Iguazú – Cataratas para residentes de Iguazú y trabajadores del Área Cataratas: $3.000
Continúan los beneficios y servicios gratuitos
La normativa ratifica además la continuidad de los servicios gratuitos para diversos sectores de la comunidad. Mantendrán este beneficio los estudiantes de la Universidad Latinoamericana (UNILA) incluidos en la nómina de la empresa, los promotores de Salud que prestan servicio en la ciudad, el personal de las fuerzas de seguridad con asiento en Puerto Iguazú, los jubilados de la ciudad y los estudiantes de nivel primario y secundario alcanzados por el Boleto Estudiantil Gratuito.
Con la aprobación de esta ordenanza, el Concejo Deliberante buscó equilibrar la necesidad de sostener el sistema de transporte público con la protección del poder adquisitivo de los usuarios, en un contexto económico complejo, garantizando además la continuidad de los beneficios sociales vigentes.