Jimena Leguizamón
El edificio que debía albergar al nuevo Juzgado Federal de Puerto Iguazú permanece cerrado, sin custodia ni personal asignado, a pesar de que su alquiler es abonado por el Estado nacional desde septiembre del año pasado. La sede judicial, ubicada en Correa Luna 250, cuenta con mobiliario, cableado e infraestructura tecnológica, pero no fue aún habilitada oficialmente.
La situación generó preocupación en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que en marzo elevó una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. En el documento, firmado por el secretario general del gremio, Julio Piumato, se advierte sobre la falta de seguridad en el inmueble y se solicita una intervención urgente para resguardar el patrimonio público.
La alarma del sindicato se intensificó con la reciente implementación del Plan Guacurarí, un operativo del Ministerio de Seguridad para reforzar el control fronterizo en Misiones. Según explicaron desde la UEJN, la iniciativa –que busca combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando– aumentará considerablemente la carga judicial en la región, especialmente en Iguazú, uno de los puntos más sensibles de la frontera con Brasil.
“El plan anunciado por el Gobierno va a generar una sobrecarga en la jurisdicción, atento a la realidad de frontera y la complejidad de causas que se generan”, advirtieron desde el gremio.
En las últimas semanas se realizaron algunas mejoras externas en el edificio, como tareas de pintura y la colocación de cartelería institucional. Sin embargo, el juzgado continúa sin funcionar, mientras crece la demanda judicial ante el avance de los operativos de seguridad en la zona.
“La comunidad de Iguazú continúa a la espera de respuestas concretas. La habilitación del juzgado es una necesidad urgente para el fortalecimiento institucional en una zona clave del territorio nacional”, remarcaron desde la UEJN.