La grave situación que atraviesa el sistema sanitario de Gualeguaychú por el nuevo brote de coronavirus obligó a extremar los cuidados en la primera sesión extraordinaria del año celebrada este jueves 14 de enero. En la sesión virtual quedó aprobada la ordenanza que autoriza multas millonarias.
En este sentido, las multas a las fiestas clandestinas fueron aprobadas por la totalidad del Concejo Deliberante, entendiendo como tales a aquellas que superen el máximo de personas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia; no posea la habilitación municipal correspondiente; sea realizada tanto en espacios abiertos como cerrados, públicos como privados; tenga como finalidad la diversión, el esparcimiento o la socialización en forma eventual y esporádica; se reproduzca o no música, ya sea grabada o ejecutada en vivo; en los casos en que el ingreso sea tanto oneroso como gratuito; se expenda o no bebidas alcohólicas, y cuente o no con servicio de lunch.
La norma aprobada estableció la imposición de multas, tanto a los concurrentes como a los “responsables solidarios”. En este último grupo es considerada toda persona “propietaria, poseedora, tenedora, locadora, locataria, comodante, comodataria del inmueble donde se realice la fiesta clandestina”, así como los organizadores, promotores o auspiciantes de la misma. Y se extiende a “cualquier persona que proporcione bienes, insumos o recursos necesarios para el desarrollo de la fiesta clandestina”.
Estos responsables serán sancionados con multas de 30.000 a 60.000 Unidades Tributarias Municipales (UTM). Lo que, en términos económicos, representan sumas de hasta $5.400.000. Ello, “sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la normativa aplicable al caso”.
“En el caso de los concurrentes, serán sancionados con multas que van de 1.000 a 2.000 UTM, lo que representa una suma máxima de $180.000. Y cuando se trate de menores de edad se aplicará lo dispuesto en el Código de Faltas Municipal, el cual establece que el procedimiento se dirigirá contra sus padres, tutor o guardador, aplicándole la sanción que hubiera correspondido según la falta”, expresó el concejal Ignacio Farfán (PJ-Creer). Y, en este sentido, aclaró que “en los casos que la fiesta clandestina fuese realizada en un establecimiento donde se desarrolla una actividad comercial se dispondrá la clausura inmediata, la que podrá extenderse hasta un plazo de 180 días”.
Nuestro fin no es recaudatorio, como se dijo, nuestro fin es que no haya fiestas clandestinas. Porque ahí es donde se junta mucha gente, donde no nos cuidamos, nos olvidamos de los protocolos, y queremos que eso no pase
Por su parte, el concejal oficialista y médico Juan Boari remarcó: “La situación en Gualeguaychú es compleja. Nosotros como funcionarios públicos, y yo particularmente como efector sanitario, debemos insistir en la necesidad de cuidarnos. Nuestro fin no es recaudatorio, como se dijo, nuestro fin es que no haya fiestas clandestinas. Porque ahí es donde se junta mucha gente, donde no nos cuidamos, nos olvidamos de los protocolos, y queremos que eso no pase”.
“Tenemos que pensar que, si queremos vivir un 2022 mejor que el 2021, tenemos que hacer las cosas mejor que en 2020. De lo contrario, dentro de un año vamos a estar pensando lo mismo, que no vamos a tener carnaval, que la economía de la ciudad y del país sigue complicada, entonces debemos seguir siendo responsables para salir de esto que tanto nos cuesta”, agregó.
La ordenanza aprobada dejó constituida como autoridad de control y aplicación al Área de Inspección General del Municipio. Y, respecto al destino de las multas, quedó establecida “la adopción de medidas que de forma directa e inmediata fomenten y aporten a los sectores más afectados, Turismo y Cultura; a la provisión de Elementos de Protección Personal, y por ende de la salud de los agentes afectados al control e inspección, y otros agentes esenciales; los recursos necesarios para la efectiva ejecución de la ordenanza por parte del órgano designado para su control y aplicación”.
