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| sábado, 30 de mayo de 2026
Las amenazas en las escuelas del país se convirtieron en una señal de alarma que golpea de lleno a estudiantes, docentes y familias. El clima de incertidumbre creció en distintos establecimientos y encendió la preocupación de las autoridades educativas. Ahora, quienes estén detrás de esos episodios no solo afrontarán consecuencias judiciales, sino un fuerte impacto económico para sus tutores.
Al respecto, Conrado Lamboglia, asesor jurídico del Consejo General de Educación, explicó que se avanza en un esquema para cobrar a los padres de los menores involucrados en amenazasregistradas en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca recuperar los gastos generados en operativos de la Policía que debieron intervenir ante cada uno de estos episodios que alteraron la rutina escolar.
Lo cierto es que los gastos de los operativos policiales ya rondan los 250 millones de pesos, aunque ahora se analiza en detalle cuánto demandó cada caso de amenazas registradas en distintas escuelas. En esos episodios fue necesaria la intervención de la Policía de Entre Ríos, lo que generó un impacto económico significativo que se busca individualizar.
El funcionario remarcó que la mayoría de los implicados en estos episodios son adolescentes, por lo que no pueden ser juzgados penalmente bajo el régimen actual, aunque sí existe responsabilidad civil de sus familias. En diálogo con Radio Máxima, sostuvo que la obligación de responder por los daños recae en padres o tutores, y deberán afrontar los costos derivados de cada intervención estatal.
En paralelo, se conformó una mesa de trabajo integrada por distintos organismos del Estado, incluida la Justicia, para abordar el fenómeno desde varios frentes. Allí se analizan medidas de concientización y prevención, mientras avanza la decisión de recuperar los recursos destinados a los operativos, en el marco de una estrategia que busca ordenar la respuesta ante este tipo de hechos reiterados.
Desde ese espacio técnico también se precisó que cada situación será evaluada de manera individual, con informes detallados elaborados por las fuerzas de seguridad. Con esa base se determinarán los montos involucrados en cada despliegue, considerando los recursos utilizados en cada intervención, con la idea de establecer mecanismos de reparación más que sanciones tradicionales.
En ese marco, las autoridades remarcan que en la mayoría de los expedientes ya se logró identificar a los presuntos responsables, lo que permite avanzar con mayor precisión en el análisis de cada caso. A partir de esa información, se profundiza el seguimiento individual de los hechos, con el objetivo de ordenar las actuaciones y definir las responsabilidades en cada situación detectada.
Es claro que no se trata de sanciones automáticas, sino de un mecanismo de reparación por los daños ocasionados, dejando en claro que el Estado no relativiza lo sucedido. En paralelo, remarcan que las amenazas en las escuelas generan un impacto directo en el sistema educativo, incluso con suspensión de clases en algunos casos, evidenciando la gravedad del problema más allá del aspecto económico.
Cecilia Martínez