Con el campo bajo el agua, Entre Ríos mueve una ficha fiscal para rescatar a sus productores
Un reconocimiento nacional contempla una situación particular que atraviesan los establecimientos rurales de seis departamentos. El alcance de la medida se extiende hasta 2027 y tiene un detalle que puede marcar la diferencia.
Las crecidas de los ríos afectan la producción en las zonas anegadas de Entre Ríos, mientras la presencia de El Niño genera incertidumbre para el campo. En ese contexto, la provincia obtuvo el reconocimiento nacional de la emergencia y/o desastre agropecuario, una medida que abre herramientas fiscales para acompañar a productores ganaderos y apícolas afectados por las inundaciones en esos campos.

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El escenario golpea especialmente a establecimientos ubicados en terrenos bajos e islas, donde el avance del agua altera el trabajo y obliga a tomar decisiones para resguardar los animales. Frente a ese panorama, la Provincia gestionó ante Nación una respuesta que contempla las particularidades de las zonas afectadas y busca amortiguar las pérdidas de quienes sostienen allí su actividad.

El alcance de la declaración nacional
La declaración no comprende departamentos completos, sino sectores insulares y anegadizos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. El reconocimiento tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027. Según informó el Gobierno entrerriano, es la primera jurisdicción del Litoral en conseguir esta declaración nacional por inundaciones.
Entre las herramientas previstas aparece un beneficio para quienes tuvieron que vender hacienda por la creciente. En esos casos, podrán deducir de Ganancias el 100% del beneficio obtenido por esas operaciones, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la Ley 26.509. La medida contempla una situación que puede agravar el impacto económico de la emergencia para el sector.

Qué contempla el alivio impositivo
El régimen también permite diferir vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta el ciclo productivo posterior al cierre de la emergencia, además de suspender el inicio de ejecuciones fiscales en los términos legales. No supone una eliminación general de impuestos: los beneficios alcanzan a quienes acrediten los daños y cumplan los requisitos establecidos para acceder a cada mecanismo.
Para solicitar esos beneficios, el establecimiento debe estar dentro de las áreas declaradas y la actividad agropecuaria tiene que ser la principal del contribuyente. ARCA exige una afectación mínima del 50% de la producción o capacidad productiva para la emergencia y del 80% para el desastre. Si el daño no llega a ese nivel, corresponde la categoría de emergencia prevista por ley.


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Las gestiones detrás del reconocimiento
El pedido se trató en la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, donde Guillermo Bernaudo expuso la situación provincial junto a funcionarios del área. Las gestiones, impulsadas por Rogelio Frigerio, complementan el Decreto 3692 y extienden la cobertura hasta julio de 2027. El acceso dependerá de acreditar los daños y cumplir los trámites nacionales vigentes actualmente.
