En el medio de la pandemia que atraviesa el país, en Chubut el gobierno provincial adeuda 3 meses de sueldos y el agüinado. Además, El ministro de seguridad Federico Massoni está en el ojo de la tormenta.
Al respecto del funcionario, Vía Esquel conversó con la abogada Cynthia Castro, que es especialista en derechos humanos y participa activamente de denuncias contra el responsable de la cartera de seguridad.
En primer lugar, la letrada remarcó: "Massoni, fue echado en noviembre de 2019 por reprimir docentes, ordenar el arresto de sindicalistas, ordenar realizar descuentos en los haberes a mujeres embarazadas y mujeres en uso de licencia por enfermedades oncológicas".
Castro quien posee un triple Master de Derechos Humanos, consideró que, a causa de la pandemia, Massoni “se arrogó la suma del poder público yendo en contra del orden constitucional”. “Ejemplo de ello han sido las órdenes arbitrarias e ilegales que le dio a la Policía del Chubut para violar los derechos y garantías fundamentales del pueblo chubutense a través de haber dictado más de 30 resoluciones con alcance general, llevando a los miembros de la institución policial a cometer delitos, delitos que fueron denunciados y todavía esperan tratamiento judicial”, argumentó.
“No hay constitución o ley que autorice a ningún ministro a dictar leyes o resoluciones de alcance general y mucho menos ordenar arrestar personas”, agregó la especialista.
Como consecuencia de este accionar, intervinieron en la Provincia del Chubut organismos de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, interponiendo un Habeas Corpus Colectivo y Preventivo en contra de este ministro y las fuerzas policiales.
Cynthia Castro indicó que por este motivo Amnistía Internacional Argentina, luego de todas las denuncias, alertó sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento por el coronavirus en Chubut y exigió a la provincia información pública relativas al ejercicio de la competencia de las fuerzas de seguridad, manteniendo observada a la provincia en materia de Derechos Humanos.
Motivada por este accionar, junto al doctor Gaston Bordier formalizaron el pedido de juicio politico a este ministro, en la Legislatura de la Provincia, además de presentar una denuncia penal en contra por usurpacion de autoridad, abuso de autoridad, violacionde los deberes de los funcionarios publicos, y requerimiento ilegal de la fuerza pública.
Las acciones legales llevadas a cabo incluyen también la participación de otros funcionarios de importancia dentro del gobierno de Mariano Arcioni.
Por ultimo Castro aseguró que hay persecución hacia mujeres, mujeres policías como la Crio Laura Mirantes o las mujeres que cumplen una funcion pública como la Concejala Mariela Torres Flores, e incluso hay denuncias de mujeres por abuso sexual y violación en las fuerzas policias.