Aylén Barrera Arciniega
La Policía de la Ciudad detuvo el jueves por la noche al empresario Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, integrante del grupo pop Bandana. Un allanamiento dispuesto por el Juzgado N°47 reveló que el hombre mantenía oculta a la cantante en su departamento de la calle Ravignani al 2100.
La alerta había sido emitida por la madre de Lowrdez y su compañera de banda, Lissa Vera, quienes denunciaron su desaparición. Aunque la artista se había comunicado más temprano con la Policía para asegurar que “todo estaba bien”, su paradero seguía siendo desconocido.
Durante la mañana, la Policía de la Ciudad se presentó en el departamento de Leandro Esteban García Gómez tras las denuncias por la desaparición de su pareja. El empresario negó que Lowrdez estuviera en el lugar y, para evitar sospechas, impidió que los agentes realizaran una inspección. Más tarde, salió a hablar con los medios que aguardaban en la puerta y ensayó una insólita defensa frente a las cámaras. Horas después, las autoridades regresaron con una orden judicial y la verdad salió a la luz: Lowrdez estaba allí. García Gómez fue detenido y trasladado a una celda, mientras que la cantante de Bandana fue llevada al hospital Fernández.
Mientras tanto, su historial judicial arroja luz sobre su comportamiento. Según los registros, García Gómez acumula antecedentes vinculados a episodios de violencia. Lowrdez, de hecho, ya contaba con un botón antipánico por agresiones previas. Todo indica que no habría sido la única víctima del empresario.
La historia oculta de la pareja de Lowrdez de Bandana
Infobae tuvo acceso a documentos policiales que evidencian los episodios de violencia que atravesaron la relación entre ambos. En noviembre de 2022, Lowrdez denunció a García Gómez y recibió un botón antipánico el día 26 de ese mes. El empresario fue imputado, aunque la cantante devolvió el dispositivo a mediados de julio de 2023.
De acuerdo con los mismos documentos, García Gómez también fue denunciado por otra mujer. El hombre, de 46 años —divorciado, padre de dos hijas, licenciado en Administración de Empresas según el Boletín Oficial y con antecedentes laborales en el Ministerio de Economía, el Correo Argentino y otras dependencias estatales— fue acusado en 2019 por una abogada que había sido su pareja. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado N.º 14, que dispuso la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo.
El control judicial se mantuvo hasta el 21 de abril de 2021. No obstante, Infobae no encontró registros de una condena firme. Durante el proceso, el empresario recibió varios sobreseimientos, y un documento judicial indica que se le dictó falta de mérito en seis de los hechos investigados.
En 2022, García Gómez enfrentó además una demanda civil en el Juzgado N.º 103 por una deuda de $1,3 millones, cuando el dólar rondaba apenas los $100. En las últimas semanas, el demandante solicitó que la Justicia dicte sentencia definitiva.
Según la denuncia original, a la que tuvo acceso este medio, el empresario había alquilado un departamento totalmente amueblado en la calle Concepción Arenal, dentro del complejo La Algodonera, en el barrio de Colegiales. El inmueble, con destino exclusivo de vivienda para él y su familia directa, se había pactado en 2019 por un valor de 20 mil dólares.
Primero llegaron las facturas impagas y luego los episodios de violencia.
Según consta en la demanda, “en los primeros meses de 2020 comenzaron a ocurrir sucesos de violencia dentro del departamento locado, tales como gritos de peleas, golpes y ruidos de puertas golpeándose constantemente, que motivaron quejas”. A raíz de esos incidentes, el propietario recibió multas del consorcio y una carta documento.
El denunciante también señaló que “en otras oportunidades la Policía de la seccional se constituyó en el edificio por llamadas y/o denuncias de los vecinos en cuyo caso el locatario no atendía a los funcionarios policiales o daba respuestas elusivas, hechos de los que se dejó constancia en el libro de la guardia del edificio”.
En agosto de 2020, el inmueble fue allanado en el marco de una causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 por un “disparo de arma de fuego”, ocurrido en un edificio de oficinas de la calle Sarmiento el 8 de julio de ese mismo año. La denunciante fue su ex pareja, la misma que ya lo había acusado por violencia de género. Para ese momento, García Gómez llevaba una tobillera electrónica. En su descargo inicial, argumentó que creyó que el arma “era de juguete”.
El documento judicial también detalla que “las situaciones de gritos y peleas dentro del departamento continuaron al igual que los atrasos en el pago de impuestos o servicios, debiendo recurrir a intimaciones mediante cartas documento que acompaño remitidas al locatario y a la fiadora, quienes solamente (y en modo parcial generando nueva deuda) abonaron las expensas”.
El propietario logró recuperar el departamento en mayo de 2021, pero el panorama era desolador. La heladera estaba rota, faltaban electrodomésticos como la cafetera y el reproductor de DVD, el horno y el lavarropas no funcionaban, y los muebles presentaban daños visibles: las patas del sillón destrozadas, las alfombras inutilizables y los aires acondicionados averiados. Incluso, las cortinas y alfombras mostraban marcas de quemaduras, y el dueño halló una colilla de cigarrillo flotando en el inodoro.
El costo de la reparación solo por la pintura ascendió a $100.000 de aquel entonces. El propietario presentó fotos y facturas de los arreglos como prueba. Paradójicamente, la madre de García Gómez figuraba como garante del contrato, por lo que terminó siendo co-demandada.
En medio de esta situación, García Gómez cumplía prisión domiciliaria en esa misma propiedad, con una tobillera electrónica. Un documento judicial al que accedió este medio detalla: “Desde el inicio del proceso de supervisión, el Sr. Leandro García Gómez mantiene el cumplimiento de su detención en el domicilio sito en Concepción Arenal”. Como contacto alternativo figuraba “su pareja, la Sra. Cecilia Lourdes Fernández”.
El propio García Gómez declaró que Lourdes “lo contuvo” durante su arresto. En ese allanamiento, le secuestraron una pistola Glock 9 milímetros. Por ese episodio, el Tribunal N.º 8 lo condenó el 23 de diciembre de 2020 a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, con la obligación de someterse “a un tratamiento psicológico, previo informe del Cuerpo Médico Forense que acredite su necesidad y eficacia”.
En esa causa, el empresario reconoció “estar inserto en un contexto de consumo problemático de estupefacientes —cocaína— y ansiolíticos sin prescripción médica”, y aseguró que realizaba un tratamiento psiquiátrico virtual dos veces por semana.
A mediados de 2025, García Gómez alcanzó un acuerdo con el consorcio del edificio de la calle Ravignani por una deuda superior a los $3 millones en expensas, en el marco de una demanda tramitada en el Juzgado Civil N.º 33.