Un cabo de la Policía de Misiones, de 32 años, quedó detenido e imputado por los delitos de apremios ilegales y lesiones agravadas, en el marco de una causa que investiga la agresión a un hombre que permanecía detenido en la comisaría de Montecarlo. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción interviniente, que además rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico y se vincula a un hecho ocurrido el pasado 24 de enero. Según consta en el expediente, la víctima —un ciudadano paraguayo— se encontraba esposada con las manos hacia atrás cuando el uniformado le habría ordenado que se bajara los pantalones. Ante la negativa, el efectivo lo habría sometido a vejámenes y golpes en distintas partes del cuerpo.
El detenido presentaba lesiones visibles, entre ellas sangrado nasal, por lo que recibió una primera asistencia médica en la seccional y luego fue trasladado a un hospital. Posteriormente, fue alojado en la comisaría de Puerto Piray, donde el personal de guardia advirtió el estado en el que se encontraba y tomó conocimiento de lo sucedido.
Al ser consultado, el hombre relató la agresión y solicitó formalizar la denuncia, por lo que fue trasladado a la sede fiscal para dar intervención a la Justicia. Con la incorporación de certificados médicos, registros de guardia y documentación que acreditó su alojamiento previo en la comisaría de Montecarlo, el juez ordenó la detención del policía.
En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que el imputado registra al menos cuatro denuncias previas por hechos de características similares, todas aún en trámite judicial, lo que elevó la gravedad del caso.
El cabo fue trasladado a sede judicial y prestó declaración indagatoria. En su descargo negó los hechos, aseguró que no se encontraba en la dependencia el día señalado y afirmó haber estado de vacaciones, además de manifestar que no conoce al denunciante. No obstante, el pedido de excarcelación fue rechazado.
El efectivo enfrenta cargos por lesiones agravadas y apremios ilegales, en razón de su condición de funcionario público, y acumula al menos cinco causas vinculadas a presuntas agresiones contra personas privadas de la libertad.