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| sábado, 30 de mayo de 2026
La Justicia de Eldorado ordenó al Ejecutivo municipal entregar información pública vinculada al servicio de transporte urbano, luego de hacer lugar a un recurso de amparo presentado por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano.
La resolución judicial intimó a la Municipalidad a que, en un plazo de diez días, complete la información solicitada mediante una respuesta unificada, orgánica e íntegra sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de transporte.
El planteo judicial se originó tras la interrupción del servicio urbano ocurrida el 1 de octubre de 2025, cuando la empresa ETCE/Grupo Kenia suspendió las prestaciones y dejó a la ciudad sin colectivos. Al día siguiente, el municipio firmó con la compañía un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, que posteriormente fue validado por el Concejo Deliberante.
En ese contexto, los abogados realizaron un pedido administrativo de acceso a la información pública para conocer cómo se calculó esa deuda, cuáles fueron sus respaldos administrativos y qué decisiones políticas y administrativas derivaron en el acuerdo firmado entre las partes.
Entre los puntos solicitados se incluye el acceso a los comprobantes de pago efectuados en el marco de ese convenio, las actuaciones previas a la negociación, la documentación vinculada a la aprobación del acuerdo por parte del Concejo Deliberante y el detalle del período en el que el municipio se abstuvo de reclamar el Derecho de Registro de Inspección de Seguridad e Higiene.
El pedido también abarca información sobre eventuales intimaciones, sanciones, intercambios formales, resoluciones y controles relacionados con la prestación del servicio, así como documentación vinculada a la licitación y a la contratación directa del transporte público.
El fallo establece además que la respuesta deberá presentarse en un único informe completo, lo que implica que el municipio deberá entregar la información de manera integral y no mediante respuestas parciales o fragmentadas. De esta forma, la resolución judicial busca garantizar el acceso a los datos públicos vinculados a la gestión del servicio de transporte en la ciudad.
Jimena Leguizamón