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| jueves, 04 de junio de 2026
Un operativo policial y judicial realizado en Garuhapé terminó con la detención del cacique Santiago Ramos y de al menos otras siete personas, en el marco de una causa por presunta usurpación, amenazas y desmonte ilegal en un terreno perteneciente al empresario forestal Alfredo Ruff.
El procedimiento se llevó adelante sobre un lote privado ubicado en la zona de Puente Quemado II, donde el propietario denunció el ingreso de integrantes de comunidades Mbyá Guaraní y la instalación de construcciones precarias dentro de su terreno.
Según expuso Ruff, el conflicto se agravó en los últimos días tras reiterados intentos de ocupación sobre la propiedad familiar, que aseguró poseer con títulos y documentación regularizada desde hace décadas. El empresario afirmó además que durante la permanencia en el predio se produjeron desmontes, quema de vegetación y daños sobre una franja ecológica protegida cercana a un arroyo.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Justicia, también se registraron amenazas durante inspecciones técnicas realizadas para relevar el impacto ambiental en la zona. El empresario sostuvo que los daños fueron documentados y puestos en conocimiento de organismos ambientales y judiciales.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión por los reclamos territoriales de comunidades indígenas en Misiones, especialmente luego de la derogación de la Ley 26.160 mediante el Decreto 1083/2024, normativa que durante años suspendió desalojos y reconoció la emergencia territorial indígena mientras se realizaban relevamientos catastrales.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), en tanto, cuestionaron duramente el operativo y calificaron las detenciones como ilegítimas. La organización sostuvo que se trató de un procedimiento irregular y denunció que no se respetaron protocolos específicos para intervenciones en comunidades Mbyá, como la presencia de intérpretes y notificaciones en castellano y guaraní.
Además, señalaron que mujeres y niños fueron afectados por el accionar policial y advirtieron sobre posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento y los interrogatorios posteriores en sede policial.
El conflicto por las tierras de Puente Quemado II incluso trascendió el ámbito provincial y fue expuesto recientemente ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde representantes Mbya denunciaron la falta de respuestas estatales ante los reclamos territoriales.
Mientras tanto, el empresario valoró la rapidez de la Justicia y consideró que el operativo marca un precedente respecto a la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica en la provincia.
La investigación continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, mientras persiste la disputa entre sectores que reclaman derechos ancestrales sobre el territorio y propietarios privados que denuncian ocupaciones ilegales y daños ambientales.
Jimena Leguizamón