Jimena Leguizamón
En una movida que ha generado controversia entre los residentes locales, el Concejo Deliberante de Puerto Piray ha aprobado un aumento significativo en el costo del boleto de transporte urbano. La aprobación llegó tras una solicitud de la empresa J.A.H SRL, que argumentó la necesidad de ajustar las tarifas debido a mayores costos en la operación del servicio.
Con tarjeta SUBE, el precio subió a 700 pesos, mientras que sin la tarjeta, el boleto alcanza los 900 pesos. Esta medida ha causado preocupación entre los residentes, especialmente considerando la irregularidad en el servicio experimentada desde noviembre del año pasado. La situación llegó a un punto crítico recientemente, cuando los estudiantes se vieron obligados a caminar hasta sus escuelas debido a la falta de servicio de transporte.
Inicialmente, la empresa solicitó un aumento de 1400 pesos, que luego fue reducido a 900 pesos después de un debate entre empresarios y representantes del ejecutivo y legislativo local. Se propuso que el incremento se implementara de forma gradual para mitigar el impacto en las economías familiares.
Además, el presidente del concejo, Remigio Smith, propuso que el municipio subsidiara parte del costo del boleto para aliviar la carga financiera de los usuarios. Es así que desde el 1 de abril, el boleto urbano con sube cuesta 700 pesos, pero los usuarios pagarán 600 y 100 pesos absorbe el municipio, sin sube costará 900 y el pasajero paga 700 y el municipio subsidia 200 pesos.
Mientras tanto, en Eldorado, la situación es similar. En una sesión ordinaria reciente, el Concejo Deliberante aprobó un segundo aumento en menos de dos meses para el servicio de transporte público de pasajeros. La nueva tarifa, que comenzará a regir el 25 de marzo, será de 900 pesos en efectivo, mientras que con boleto electrónico costará 700 pesos. Los estudiantes verán un alivio en sus bolsillos, ya que su tarifa se reducirá a 350 pesos.
El aumento del boleto en ambas localidades ha desencadenado reacciones mixtas entre los residentes y los representantes políticos, evidenciando la tensión entre la necesidad de cubrir los costos operativos y el impacto en las economías familiares de la región.