Roberto Pico
Las leyes que disponen un aumento de jubilaciones y pensiones, reponen la moratoria y dictan la Emergencia en Discapacidad tienen un costo fiscal aproximado de 1,4 puntos del PBI para este año y no cuentan con la partida de financiamiento necesaria, según un informe oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).
La OPC es un órgano independiente que funciona dentro del ámbito del Parlamento y se dedica a estudiar el impacto fiscal de los proyectos que se debaten y sancionan.
En forma habitual realizan informes a pedido de las diferentes comisiones y también redactan conclusiones sobre leyes ya sancionadas.
El pasado jueves la OPC publicó el trabajo correspondiente al costo fiscal de las leyes, que son eje de una fuerte disputa entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo. El saldo final resulta en un respaldo parcial a la Casa Rosada, porque demuestran que las leyes no tienen la contrapartida de financiamiento.
Qué financiamiento demandan las leyes
Respecto de la ley que aumenta un 7,2% las jubilaciones, la OPC precisó que demandará $ 1.673.494 millones (0,2 del PIB) para lo que queda del año y $ 3.402.182 millones (0,41% del PIB) si se anualiza.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil, el costo sería de $ 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $ 3.136.117 (0,38% del PIB)
La ley también prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de $ 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, que anualizado para a $ 3.155.475 millones (0,38% del PIB).
El informe también indica que “sin la nueva norma, los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%”.
La OPC indicó que el financiamiento previsto en la ley sancionada, alcanza los $ 3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025. El costo de este tramo de medidas sería de $ 4,1 billones, con lo cual el desequilibrio sería de al menos $ 800.000 millones.
Moratoria
Respecto de la ley que repone la moratoria la OPC estimó que tiene un costo fiscal de $ 3,5 billones, que representa un 0,39% del PIB.
Este costo se desglosa de la siguiente manera:
* La reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional por un plazo de dos años generaría un costo fiscal acumulado estimado de $ 1,8 billones (0,191% del PBI) producto de la incorporación al sistema previsional de poco más de 462 mil nuevos beneficiarios.
* Impacto por Ampliación de la PUAM. La modificación de las condiciones de acceso a la PUAM representa un costo de $ 1,7 billones (0,2% del PBI). Este monto se compone del impacto que genera la incorporación de los siguientes nuevos beneficiarios: mujeres de 60 a 64 años, perceptores de pensiones por viudez y pensiones para veteranos de las Islas Malvinas y trabajadores registrados (cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos, vitales y móviles), autónomos y monotributistas; estimados en aproximadamente 363 mil nuevos beneficiarios.
En el caso de la moratoria los proyectos no indican fuente de financiamiento.
Discapacidad
Las mayores dificultades para establecer el costo fiscal de la medida se encuentran en la ley que declara la Emergencia en Discapacidad debido a las diferentes variables que están incluidas.
No obstante, el costo de las medidas cuantificables se estima en un rango de $ 2,4 billones (0,28% del PBI) a $ 4,3 billones (0,51% del PBI).
Dicho costo se compone de los siguientes elementos:
* Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $ 2 billones (0,25% del PBI) y $ 4 billones (0,48% del PBI).
* Incentivo a la contratación. La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
* Compensación de emergencia a prestadores. Se calcula un gasto por única vez de $ 278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
* Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos. El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $ 7.160 millones (0,0009% del PIB).
El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar.
Por lo tanto, el costo fiscal total es una estimación de mínima.
Al igual que en el caso de la moratoria no hay partidas complementarias de financiamiento, sino que se faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas para asegurar estos gastos.