Redacción Vía País
En 2023, alrededor de 338 mil millones de pesos serán destinados al Poder Judicial. Así se detalla en el Presupuesto aprobado por Diputados esta semana, en el que se rechazó un artículo que obligaba a los magistrados y empleados del rurbo que tributen Ganancias. Según señalaron, el 95% del total será para pagar salarios. Específicamente, la Justicia contará con 337.869.366,564 pesos.
“El Poder Judicial de la Nación es el responsable de asegurar el acceso a la justicia, a través de una respuesta adecuada y eficiente. Tal como lo establece la Constitución Nacional, uno de los pilares es el de ‘afianzar la justicia’. Esto implica un Poder Judicial independiente, autónomo, fuerte, con capacidad para defender los derechos y garantías de los ciudadanos, cumpliendo asimismo su rol en la construcción de un Estado de Derecho”, reza el texto aprobado en la Cámara Baja.
El presupuesto había sido aprobado por el Consejo de la Magistratura y remitido a la Corte Suprema. Desde allí, pasó al Poder Ejecutivo, que lo sumó al proyecto de Ley de Presupuesto. Si bien consiguió la media sanción, el oficialismo no pudo avanzar con el plan para que el personal auxiliar de la justicia, los magistrados y los integrantes del Ministerio Público Fiscal paguen el impuesto a las Ganancias.
Los componentes del multimillonario monto del Poder Judicial
En el Poder Judicial, hay dos servicios administrativos financieros distintos: el de la Corte Suprema y el del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal ejerce la función jurisdiccional de última instancia y se encarga también de la administración y de control de los recursos humanos y materiales que se hallan bajo su órbita. Asimismo, las Cámaras de los distintos fueros y los Tribunales de Primera Instancia dependen administrativamente del Consejo de la Magistratura.
El financiamiento de la Justicia proviene de los recursos de la afectación específica (tributarios y no tributarios), de la recaudación correspondiente al pago de la tasa de Justicia y de aportes del Tesoro Nacional.
El monto se divide en:
- Más de 337 mil millones de pesos, en los correspondientes a gastos en personal se destinan 322.337.728.000 pesos. Esto representa más del 95% sólo para el pago de salarios. El considerado personal permanente demanda una erogación de 302.678.264.653 pesos, mientras que el temporario exige un gasto de 12.990.434.938 pesos.
- El resto se distribuye entre servicios extraordinarios, personal contratado, asistencia social y beneficios y compensaciones. La segunda cifra en orden de relevancia en el presupuesto del Poder Judicial es la destinada a Servicios No Personales. El número global es de 6.800 millones de pesos: mantenimiento, reparación y limpieza, 2.535.188.865 pesos; alquileres y derechos exige fondos por 1.049.033.288 pesos; y más de 180 millones de pesos se utilizan para pasajes y viáticos.
- Los Bienes de uso tienen 6.214.679.000 pesos asignados. En construcciones, se invertirán más de 3.500 millones de pesos. Después se incluyen maquinaria y equipo por 2.094.865.933 pesos. Por ejemplo en “Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables” la Justicia destinará 56.431.137 pesos.
- En cuanto a los Bienes de consumo, se especifica un total de 1.442.868.000 pesos. Se incluye en ese número los denominados “Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales” por 35.723.367 pesos. También están incorporados en este ítem los “Textiles y Vestuario” por 38.167.145 pesos. En los “Productos de Papel, Cartón e Impresos” se volcarán 33.314.175 pesos; en “Productos de Cuero y Caucho” se presupuestaron 5.229.767 pesos; y en “Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes” unos 262.876.438 pesos.
Según explicaron desde la Corte Suprema, la partida tiene como principio “la responsabilidad fiscal” y que el control del gasto tendrá como énfasis “los gastos corrientes, en una planta de personal óptima y en una inversión adecuada”. Para el año próximo la partida presupuestaria de la Justicia busca también destinar fondos al reacondicionamiento, restauración, reciclado, mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente.