Roberto Pico
El Gobierno nacional ratificó el pasado jueves que no habrá un aumento adicional de haberes para los jubilados más allá de lo que estipula la ley de movilidad, ni tampoco se actualizarán los bonos adicionales, que hace un año se mantiene en $70.000.
De esta forma, el Poder Ejecutivo reafirmó su política previsional horas después de la última marcha en reclamo de mejoras en las retribuciones a la clase pasiva.
“En principio no hay aumentos de haberes. Para que eso ocurra siempre debe haber una partida que deba sostener ese aumento sin que rompa el equilibrio fiscal”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante una de sus tradicionales conferencias de prensa.
El portavoz apuntó al kirchnerismo como responsable de “destrucción del sistema jubilatorio” y enfatizó que cualquier mejora se deberá dar dentro del marco del “equilibrio fiscal”.
Adorni tampoco consideró la posibilidad de una reasignación de partidas dentro del actual esquema presupuestario. Al respecto, afirmó que “la solución real está en que el sistema se fondee a través de que existan mejores salarios, más trabajo y que todo eso se logre a través de inversiones”.
Según los cálculos del Gobierno, las jubilaciones recuperaron un 9,5% de poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023; no obstante en el Palacio de Hacienda admiten que este cálculo no incluye el bono compensatorio de $ 70.000 que se encuentra congelado desde marzo de 2024. Dentro de las proyecciones que el Gobierno había incluido en la frustrada ley de Presupuesto 2025 ya se había descartado la actualización de los bonos. Esta decisión obra como una licuación de los haberes mínimos, dado que solo se ajusta lo que es la remuneración pura.
De esta forma, las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril 2,4%, correspondiente a la inflación de febrero.
Así el mes próximo el haber final de bolsillo para la mínima será de $ 355.819 ($ 285.819 de salario más $ 70.000 de bono). Quienes cobren entre $ 285.819 y $ 355.819 recibirán el bono compensatorio hasta completar esta última cifra (o sea, una jubilación de $ 300.000, sólo cobra de bono $ 55.819). A su vez, la PUAM pasa a $ 298.656 ($ 223.297 + $ 70.000). La jubilación máxima pasa a $ 1.923.301.
En consecuencia, el aumento efectivo de bolsillo de la mínima y de la PUAM es de 1,9%, contra una inflación que fue de 2,4% en febrero y que se proyecta en un rango similar para marzo. Por consiguiente, será el segundo mes consecutivo en que retrocederá el poder de compra de estos ingresos.
Prorrogan sentencias
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a los jueces de primera instancia a prorrogar por espacio de 90 días las sentencias judiciales por reajustes previsionales.
El Máximo Tribunal accedió a un pedido de los magistrados debido al colapso que enfrenta la Justicia de la Seguridad Social ante el volumen de causas que deben evaluar. Los jueces tienen plazos que cumplir y ante la gran cantidad de causas solicitaron que se alarguen los plazos.
Esto implica que habrá causas que estarían próximas a sentencia que deberán esperar. La situación dependerá de cada juzgado.
En principio, la Anses había sido apuntada como la responsable de esta demora que les impide a los beneficiarios de los fallos cobran su dinero, y el organismo emitió un comunicado deslindando su responsabilidad y apuntando hacia la Justicia.
“No existe suspensión de plazo alguna en Anses para el cumplimiento de los pagos de las sentencias judiciales, sino que se trata de una prórroga concedida por la CSJN a los jueces de primera instancia para el dictado de sus resoluciones interlocutorias”, explicó el organismo.
Se estima que existen cerca de 270.00 causas que están siendo cursadas en los tribunales de la Seguridad Social de todo el país.