Roberto Pico
Serán cinco días frenéticos en el Ministerio de Economía, Sergio Massa, porque se jugará la continuidad del acuerdo en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los términos que fue firmado en marzo de 2022.
Lo que el ala kirchnerista de la coalición gobernante no pudo hacer vía la acción política –la renegociación integral del programa- podría llegar a darse por la acuciante realidad que puso en jaque las variables medulares del convenio vigente.
En un supuesto acuerdo con el FMI, el gobierno anunció que postergaba el pago de los vencimientos que operaban el martes 21 y miércoles 22 de marzo por U$S 2.700 millones para el viernes 31.
La prórroga buscaba ganar tiempo hasta la reunión de Directorio que debe avalar las cuentas al 31 de diciembre de 2022, que al mismo tiempo dispara un desembolso de U$S 5.300 millones.
Si bien la aprobación está descontada por la recomendación ya elevada por el staff técnico, lo que no está tan claro es cuándo se concretará el cónclave para levantar la mano y girar el alivio financiero.
En una rueda de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozack, eludió la respuesta ante una pregunta concreta y se limitó a decir: “Esperemos que se lleva a cabo muy pronto”.
Sin esta confirmación, la semana será estresante para el Banco Central que acumula ventas por más de U$S 1.200 millones en marzo y no está en condiciones de distraer más del doble, aunque más no sea por unos pocos días.
De todas formas, los U$S 5.300 serán en las arcas del BCRA apenas un suspiro, ya que además de los U$S 2.700 del próximo viernes, hasta el 21 de abril se concretarán otros pagos al organismo por otros U$S 2.600 millones.
En el Palacio de Hacienda hay quienes no descartan que la demora en fijar la fecha obedezca a algún tipo de presión política.
Por otra parte, en estos cinco días se jugará también la meta de déficit fiscal del primer trimestre que no debe exceder los $ 430 mil millones, según lo comprometido.
Entre enero y febrero, el desequilibrio acumulado de las cuentas públicas trepó a $ 420 mil millones, lo cual dejó la pauta trimestral al límite del incumplimiento. En el año, Argentina debe alcanzar un déficit primario de 1,9%.
De manera similar se comportó la emisión monetaria. Según datos que se conocieron en las últimas horas, el 17 de marzo el Banco Central le giró al Tesoro Nacional $ 130 mil millones, contra un tope de $ 139 mil millones autorizados.
Así, después de ocho meses sin pedir asistencia al BCRA se quebró la promesa del ministro de Economía, Sergio Massa. En todo 2023, los adelantos transitorios no podrán exceder el 0,6% del PBI.
Con la meta de reservas ya en revisión, el acuerdo pasa a tener a sus tres variables centrales jaqueadas: una de ellas en vías de modificarse y dos al borde del incumplimiento.
A este combo se sumó el canje de deuda de bonos dolarizados en manos de organismos públicos, operación con la que el FMI se mostró por cauteloso.
“Lo estamos analizando dentro del programa vigente”, fue la respuesta de Kozack, una funcionaria que conoce al dedillo el convenio con la Argentina porque integró el equipo que lo confeccionó.
La funcionaria señaló que debe haber un manejo “prudente” de la deuda para mejorar el funcionamiento del mercado de bonos doméstico y que no aumente la “vulnerabilidad”.
Ante las crecientes críticas, Massa salió el sábado a informar que le pedirá a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre el polémico canje.
“Tomé la decisión de que la UBA, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para ver si el canje es beneficioso para la ANSeS. Si el dictamen dice que no es beneficioso, ANSeS no intervendrá en el canje”, prometió.
Kozack también insistió en que Argentina no puede apartarse del camino de avanzar en los ajustes necesarios para equilibrar la macroeconomía, que traducido al lenguaje llano implica que debe continuar con la política de recorte del gasto público, incluso superando el desafío que implica la baja de los ingresos por la sequía.
“En un contexto económico más desafiante, en particular por una sequía cada vez más grave, se necesitan medidas políticas más fuertes para preservar la estabilidad. Estas acciones más enérgicas también son necesarias para abordar el aumento de la inflación y los reveses de la política”, sentenció.
El escenario descripto no hace más que aumentar la incertidumbre sobre las decisiones que puede adoptar el FMI en la reunión pendiente.
Cabe recordar que el texto del acuerdo tiene un punto en el que establece que los objetivos están fijados con las condiciones económicas y financieras mundiales y del país a enero de 2022 y que en caso de cambios sustantivos se habilita una instancia de diálogo para efectuar las modificaciones necesarias.