Roberto Pico
La aceleración de los precios en febrero puso en stand by la pretensión del Ministerio de Economía de moderar la suba de salarios y alinearla al sendero de ajustes que tenía como ancla inflacionaria la proyección de 60% incluida en el presupuesto nacional.
Con un bimestre por encima de 13% de incremento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y un trimestre que terminará muy cerca del 20%, no hay margen para solicitarle prudencia a los sindicatos.
De hecho la Asociación Bancaria cerró este viernes su acuerdo paritario con aumento en los salarios de 32,5% hasta mayo, pero al que hay que sumarle cláusulas de compensación por el impuesto a las Ganancias que elevan ese porcentaje.
En lo numérico, el 32,5% por cinco meses no parece tan alejado de la idea oficial, pero al añadir los demás items el resultado es diferente.
Cuando arrancó 2023 y aún no se intuía el desboque, y mientras se avanzaba en acuerdos con distintos sectores en busca de previsibilidad, Sergio Massa, sugirió que los sindicato debían sumarse a la tónica de consensos y acomodar sus reclamos salariales.
Hábiles en esta lides, los gremialistas se tomaron su tiempo, y evitaron confrontar con un ministro empoderado.
El transcurrir de las semanas les dio la razón. Con una canasta básica de alimentos corriendo al 110% anual, el haber gambeteado el apoyo les otorga ahora un mayor margen de negociación.
Al igual que los bancarios, los gremios que ya cerraron sus paritarias lo hicieron por menos de un año y en la mayoría de los casos con porcentajes de ajustes por encima de lo pretendido por Hacienda.
A mediados de año y con el calendario electoral “on fire” las reaperturas prometen arduas discusiones.
El test clave para el Gobierno será el próximo martes cuando se reúna el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
En la mesa estarán los empresarios que convinieron con Massa que sus productos tengan un sendero de aumentos de 3,2% en los próximos meses y los representantes de los trabajadores que deben buscar una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses y anticiparse a los próximos aumentos. En otra silla estará el Ministerio de Trabajo que no actúa directamente en la discusión, pero que sin dudas pasó a quedar en una situación incómoda.
La última reunión del Consejo se había dado en noviembre de 2022 cuando se acordó el siguiente sendero de aumentos: $ 61.953 desde el 1° diciembre, $ 65.427 a partir del 1° de enero, $ 67.743 desde el 1° de febrero y $ 69.500 en marzo.
De esta forma, entre enero y abril de este año los trabajadores percibirán en sus bolsillos (el valor desde el 1° de diciembre se cobran en enero y así sucesivamente) una mejora de 13%, que es similar tan solo a la de inflación del primer bimestre.
Por consiguiente la forma en que se desarrolle la discusión será crucial y marcará las línea de próximas paritarias. Los ojos estarán puestos en cómo los representantes de los trabajadores pelen por eso casi 13 puntos de diferencia que ya se produjeron entre los ajustes acordados y la evolución de la inflación.
Cabe recordar que además el SMVM es utilizado para la actualización de planes sociales, por lo que su evolución impactará plenamente en las erogaciones que deberá afrontar el Ministerio de Economía en los próximos meses para financiar los distintos programas de ayuda.
De acuerdo a datos oficiales la Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE) registró en enero una suba de 87,7% a $ 201.000, lo cual significa una pérdida de poder adquisitivo cercana a los 10 puntos.
Si bien estos son cálculos promedio, dan una idea de la delicada situación, dado que muchos sectores han cedido mucho más por un menor poder de negociación. Y el recorte se siente mucho más en el caso de los trabajadores informales que no están amparados por ninguna negociación colectiva.