Redacción Vía País
La vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó que se investigue los costos y los márgenes de ganancias de más de 15 empresas de consumo masivo, con el objetivo de evaluar los “precios injustificados y prácticas abusivas”. Ahora, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que lleve adelante esta tarea y “despeje o confirme” las sospechas sobre “algunos movimientos de precios raros”. Por el momento, los nombres de las empresas no trascendieron.
La medida se oficializó este martes en el Boletín Oficial a través de la resolución 68/2022. En 30 días, la Defensa de la Competencia deberá presentar un informe sobre el comportamiento de las compañías. Además, tendrá dos tareas: analizar si una empresa con posición dominante perjudica a sus competidores a través de la formación de precios y si su estructura de costos justifica los valores de algunos productos.
“En los habituales seguimientos de precios se observaron movimientos raros. Esto por ahora no significa nada. Lo que pidió Tombolini es que se investigue la cuestión”, dijeron desde la cartera de Comercio. En caso de constatar irregularidades descriptas, el Gobierno podría aplicar multas a las empresas que correspondan.
Esta estrategia apunta a controlar la inflación, pero no es la única. El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que prepara “un plan de estabilización entre diciembre y marzo”. Se trata del programa “Precios Justos”, que pretende congelar los precios “en los meses más calientes del año” en productos que “representan el 86%” del consumo masivo.
Asimismo, adelantó que trabajan en el desarrollo de una nueva función de la app “Mi Argentina”, para que los consumidores puedan controlar los precios en góndola a través del escaneo del código de barras. De no encontrar los precios indicados, se podrán denunciar los incumplimientos y también esos casos los comercios podrían tener que pagar multas de $ 240 millones.
Para llevar adelante el proyecto, buscan firmar acuerdos con fabricantes de alimentos, bebidas, tocador y limpieza, para fijar los precios de 1.200 a 1.500 artículos de marcas líderes durante 120 días. “A las empresas les damos incentivos de certeza de acceso a mercados de cambios y programas fiscales de incentivos. Si cumplimos, ganamos todos”, explicó Massa.
La sugerencia de Tombolini
El secretario de Comercio se reunió este lunes con directivos de la ASU (Asociación de Supermercados Unidos) y les hizo una sugerencia categórica: que rechacen aumentos por encima del 4% mensual en aquellos productos que no estén incluidos en el programa Precios Cuidados (hoy son 452) y la futura canasta de Precios Justos, que entraría en vigencia el mes próximo.
La investigación a las empresas como la recomendación de Tombolini tiene lugar dos semanas antes de conocerse la inflación de octubre, que para las consultoras privadas se aproximan al 7% en promedio, y prevén un salto mayor para el rubro tan sensible como alimentos y bebidas. Para LCG, por ejemplo, los comestibles aumentaron 7,9% en las últimas 4 semanas contra una inflación general de 6,5%.
Por su lado, en Eco Go manejan números parecidos. El jefe de esta consultora, Sebastián Manescaldi, habló sobre el lanzamiento de Precios Justos. “En general son herramientas con las que los funcionarios públicos pueden mostrar que están haciendo algo para combatir la inflación, aunque sea solamente con balas de salva o con instrumentos que no sirven para ello, salvo en contadas ocasiones y con limitado efecto”, aseguró.