Roberto Pico
Mientras hizo trascender que pretende un aumento de los sueldos más bajos, el Gobierno nacional no hizo ningún esfuerzo para que el Consejo del Salario se transforme en una clara señal de que su intención es mejorar las retribuciones de quienes están en la base de la pirámide del trabajo.
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Los gremios y los empresarios rechazaron mutuamente las propuestas que llevaron este viernes a la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y el Gobierno cerró la mesa de negociación, con lo cual quedó habilitado para establecer el aumento a su discreción.
El Consejo del Salario se reúne periódicamente y busca establecer de común acuerdo una remuneración básica, que luego se usa como base de convenios y como referencia de planes sociales y otro tipo de prestaciones. Al margen de su valor nominal, lo trascendente es los porcentajes de actualización porque dan un lineamiento general.
El cuerpo no se reunía desde noviembre del año pasado, momento en el que tampoco las partes se pusieron de acuerdo y entonces el Gobierno decidió un cronograma de ajustes que finaliza en agosto con un SMVyM de $ 376.600 para un trabajador de jornada completa. Esto significó una mejora de 12% en ocho meses, contra una inflación en el período estimada en 32%. Esta diferencia le permitió al Ministerio de Economía licuar buena parte de las obligaciones de seguridad social y así fortalecer el superávit fiscal.
La dinámica del Consejo del Salario establece una primera reunión virtual donde los cuerpos técnicos definen lineamientos y propuestas y luego se reúne el pleno para culminar la aprobación.
La CGT y las dos CTA participaron del primer encuentro y decidieron ausentarse de la reunión plenaria ante la negativa de la Secretaría de Trabajo de que esa reunión fuese de carácter presencial.
Esta discrepancia de forma, sobre la que no faltaron acusaciones mutuas, provocó el escenario ideal para que se cancele el debate y todo quede en manos de la Casa Rosada, que ahora podrá decidir qué porcentaje de aumento le cae mejor a su plan económico. Lo hará a través de un decreto que se conocería el lunes, fecha en la que vence el actual convenio.
El Ministerio de Capital Humano dijo que se adopta esta modalidad para “preservar la paz social y garantizar transparencia” en las conversaciones. Para los sindicatos busca licuar la importancia de la discusión.
En la mesa técnica, los sindicalistas propusieron un salario mínimo de $ 911.000 para julio y $ 993.000 para diciembre. Los empresarios pretendían una mejora de 1,8% para septiembre y luego ajustes de 1,7% por mes de octubre a abril, para terminar de conformar un básico de $ 468.000. Ahí quedó la discusión.
Curiosamente, horas antes de esta convocatoria, desde la Secretaría de Trabajo se dejó trascender que el Gobierno pretende que los próximos acuerdos paritarios contemplen un salario mínimo de $ 860.000 de bolsillo, lo cual significa un bruto cercano a los $ 1.100.000. La iniciativa apunta a mejorar la condición en sectores como gastronomía, textiles, construcción, maestranza y sanidad.
La intención oficial es mostrar “preocupación” y predisposición para alentar una suba de sueldos sin una intervención directa, sino motivando los acuerdos paritarios. Cabe recordar que en las últimas negociaciones, la Secretaría de Trabajo se negó a homologar convenios que incluían cláusulas de ajuste por encima de la inflación proyectada.
Para no romper esta lógica, se pretende que los incrementos se otorguen vía bonos o sumas no remunerativas.
Tanto desde el lado gremial como desde el lado empresario se mostraron dudas acerca de un buen final.
La traba aparece en la situación de aquellos sectores en los cuales podría aplicar esta iniciativa: gastronomía con fuerte caída del consumo, construcción con proyectos parados por el tipo de cambio, y textiles acuciados por la apertura comercial. Por otro lado, subir los pisos de las categorías más bajas (bacheros o ayudantes de construcción) genera presión sobre las escalas superiores.
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Dada la difícil implementación de una medida de este estilo sin una intervención oficial directa, la impresión entre los sindicalistas es que es una jugada del Gobierno para ganar tiempo ante un creciente reclamo social. Por otra parte, consultoras privadas ya anticiparon que solo un pequeño segmento de textiles estaría por debajo de ese mínimo, con lo cual el impacto sería completamente marginal.
Consultado el Ministerio de Economía sobre el trascendido no hubo respuesta, pero tampoco desmentida. Luis Caputo es consciente de que se necesita una mejora en el poder de compra de los salarios para incentivar el consumo y la producción.
El último informe de la Secretaría de Trabajo sobre empleo y salarios dio cuenta de que el poder adquisitivo de los sueldos del sector privado registrado está 0,6% por debajo de noviembre de 2023. Por otra parte, un plan que impulse solo los ingresos de los sectores formales, resultaría insuficiente dado que el propio ministro reconoció que casi el 50% de la economía se desarrolla en la informalidad.