El Gobierno nacional anunció este martes que recuperó el superávit fiscal en julio, aunque fue a fuerza de más recortes en las prestaciones sociales y aumento de tarifas como herramientas centrales.

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El Ministerio de Economía informó que el mes pasado las cuentas públicas registraron un superávit de $ 244.897 millones. Este resultado se alcanzó a partir de un superávit primario de $ 2.960.333 millones, que se redujo tras el pago de intereses de deuda pública por $ 2.715.436 millones.
De este modo, el sector público nacional acumuló en siete meses un superávit financiero en torno a 0,1% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB), “reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”, destacó el Palacio de Hacienda.
El gobierno pudo retomar la senda del superávit fiscal luego del déficit que había tenido en junio por el pago de los aguinaldos en el sector público.
El presidente, Javier Milei, y el ministro, Luis Caputo, destacaron el resultado y embistieron contra quienes cuestionan la forma de alcanzarlo.
“El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio. Cínicos”, lanzó Milei.
El presidente amplió su embate al sostener que “hasta ayer creí que no había algo más estúpido que aceptar el déficit cero, mientras proponen aumentar de modo brutal el gasto subiendo impuestos que recaudan poco y nada. Me equivoqué, hay imbéciles que no sólo proponen aumentar aún más los gastos sino que al mismo tiempo le suman baja de impuestos”.
Por su parte, Caputo destacó que se logró el saldo positivo pese a que el mes pasado se pagaron vencimientos de bonos por U$S 4.500 millones. De las palabras de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo se desprende satisfacción por los números y nulas referencias a sus efectos.
De la planilla oficial distribuida por el Ministerio de Economía surge que en buena parte el superávit fue conseguido por un nuevo ciclo de recortes en las prestaciones sociales y en el alza de las tarifas públicas, cuya contracara es la quita de subsidios.
Las prestaciones sociales insumieron $ 8,6 billones, con un alza de 22% interanual, cuando la inflación acumulada fue de 33%.
En tanto, el pago de subsidios económicos demandó $ 1.1 billones, un 9,1% más que un año atrás, lo cual revela la magnitud del aumento de las facturas, especialmente en el sector energético.
Tal como sucedió en los meses anteriores, las provincias también sufrieron una caída de los recursos. A las jurisdicciones del interior se destinaron $ 181.537 millones, un alza de apenas 8,1% en un año.
En la comunicación oficial y en medio del paro universitario, Caputo dejó en claro que hay un sensible aumento en las partidas para las universidades públicas, “en línea con lo decidido por el Congreso Nacional”. Indicó que estos giros ascendieron a $ 697.606 millones, lo que implica un alza de 44% interanual.
Los recortes fueron necesarios porque los ingresos reales del Estado Nacional cayeron 2,5%.
Los recursos no logran quebrar la tendencia a la baja que arrastra desde hace varios meses. El gobierno insiste en que finalmente las medidas tomadas darán paso a un círculo virtuoso donde se consolidará la recuperación de la recaudación.
Al momento, mes a mes el gobierno se ve en la obligación de realizar nuevos recortes para sostener el saldo a favor, lo cual deja efectos contractivos en la economía. El compromiso con el FMI es cerrar 2026 con un superávit primario de 1,4%.

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En otro orden, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se negó a precisar cómo el Ministerio de Economía está manejando el flujo de los fondos fiduciarios, en especial el correspondiente al impuesto a los combustibles que debe ser destinado al mantenimiento de las rutas.
Ante las insistentes preguntas durante una conferencia de prensa, el portavoz respondió con evasivas y se limitó a decir que los fondos “están resguardados” para que no pierdan valor.
Las planillas distribuidas por el Palacio de Hacienda tampoco precisan la conformación de esos fondos y su posterior aplicación a los fines definidos por ley.

