Roberto Pico
El inicio de febrero trae un nuevo escenario económico, con modificación de variables clave, aumento de tarifas y combustibles, y subas en productos de la canasta básica.
Además, se deberá afrontar un pago al FMI de U$S 660 millones que impactará en el nivel de reservas.
Por el impacto que tendrá en la inflación del mes, preocupa el aumento que se está produciendo en los mercados concentradores de carne. Hasta el momento la suba es de 20% y, de acuerdo a operadores y los propios carniceros, resulta inesperada por la época del año donde el consumo cae. Este escenario puede amortiguar el impacto en los mostradores, pero los minoristas aducen que en muchos casos el traslado es inevitable debido al aumento de los costos.
Cómo viene la economía en febrero: aumentos e impactos
Con referencia a este último tema, el Gobierno nacional dispuso un aumento de la energía eléctrica del orden de 1,5% para la región metropolitana y de 1,6% para el gas en todo el país, junto a una reducción de subsidios que impacta en unas 10 millones de personas.
Si bien el ajuste de la electricidad es distinto en las diferentes provincias, el impacto que tiene este incremento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta trascendente, dado que luego es el porcentaje que se aplica, por ejemplo, para el aumento de las jubilaciones.
A esto se suma el aumento en los combustibles que se ubicó en el orden de 2%.
A los bolsillos de un segmento de la población también se le agrega el incremento en las facturas de la medicina prepaga que en promedio están por encima de 3%, superando las expectativas de inflación.
Si bien el gobierno busca moderar la suba de los servicios para no fogonear el costo de vida, los incrementos ya comunicados más el imprevisto aumento de la carne complican el escenario.
Este combo se produce en el momento en que se reduce a 1% la tasa de devaluación (se aplica desde este lunes). Por tanto, una suba en cascada de los precios internos profundizará los cálculos que concluyen que “la Argentina está cara en dólares” o su otra denominación: “el dólar está atrasado”.
Para el presiente, Javier Milei, y su equipo económico, reducir “el crawling peg (que técnicamente ellos denominan como “inflación inducida”) contribuirá a contener los precios.
En línea con esta medida, rige también la reducción a 29% de la tasa de política monetaria, que genera una caída en los rendimientos de plazo fijos y un eventual abaratamiento de los créditos que otorga el sector financiero.
En otro orden, al no haber alcanzado un acuerdo, el gobierno deberá afrontar este lunes un pago al FMI por U$S 660 millones en concepto de intereses.
Este pago afectará las reservas que han sufrido una sangría de unos U$S 1.300 millones en el primer mes del año.
Pese a que el Banco Central reactivó el ritmo de compras esta semana, las reservas quedaron por debajo de los U$S 30.000 millones y finalizaron enero en U$S 29.428 millones.
A lo largo de enero, la entidad a cargo de Santiago Bausili adquirió U$S 1.748 millones, pero pagos de deuda, cambios en las cotizaciones de monedas y movimientos de carteras de bancos asociados son algunas de las razones que explican el retroceso de sus tenencias.
Por otro lado, aún no se observó una firme intención de los agroexportadores de comenzar a ofrecer su producción tras la baja de las retenciones que anunció el Gobierno nacional.
El pago al FMI es uno de los dos programados para el primer semestre del año. El segundo es en mayo por un monto de U$S 597 millones.
Este cronograma, aliviado en el primer semestre, fue el que derivó del acuerdo de Facilidades Extendidas que firmó Martín Guzmán en 2022.
Ahora, le permite al gobierno de Javier Milei ganar tiempo para encarar una negociación sin el apremio de tener que cancelar una obligación que comprometa aún más las reservas del Banco Central.
Tanto el Gobierno como el FMI mantienen extrema cautela sobre las conversaciones que se llevan adelante, lo cual acrecienta la incertidumbre y alimenta las versiones sobre el contenido del programa que se implementará.
La usina de rumores obligó en los últimos días al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir a desmentir que el convenio incluiría desembolsos por partes, una salida del cepo en forma inmediata y una devaluación del tipo de cambio a la zona de $ 1.400.
Por otro lado, el FMI suspendió la habitual conferencia de prensa que ofrece jueves por medio en Washington, donde el caso de Argentina iba a estar en el centro del debate.
El silencio no hace más que retroalimentar las especulaciones y traba la toma de decisiones de los privados.