Roberto Pico
Con el correr de los días toma cuerpo la impresión que la demora en la aprobación de la cuarta revisión y el giro de U$S 5.300 millones por parte del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se circunscribía a una simple reformulación de metas de acumulación de reservas.
Ese objetivo pareciera ser la excusa que encontraron el Gobierno argentino y el organismo multilateral para camuflar entre declaraciones y comunicados laxos una discusión mucho más profunda y delicada como la posibilidad salvar un programa cuyas variables están contra las cuerdas.
En las últimas horas se precipitaron una serie de acciones que van encajando y bosquejan las verdaderas razones.
La semana pasada Argentina postergó el pago de U$S 2700 millones para este viernes 31 de marzo a la espera de la reunión del Board del FMI. A las 48 horas el FMI dijo que no había fecha estipulada para ese crucial encuentro.
Casi en forma paralela se confirmó la reunión entre el Presidente, Alberto Fernández y su par estadounidense, Joe Biden, que se realizará este miércoles. Si bien la fecha de esta cumbre es consecuencia de postergaciones previas, se produce en un momento clave en que la Argentina está buscando desesperadamente financiamiento para superar el bache que dejará la sequía, calculado en unos U$S 20.000 millones.
En tanto, en forma repentina se supo que el ministro de Economía, Sergio Massa, se embarca hacia Estados Unidos para sumarse a la comitiva en Washington.
Una finta más que enlaza en este mosaico es la reunión que mantendrían el próximo jueves Massa y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Si bien falta la confirmación oficial, se descuenta que se concretará. La secuencia permite inferir que existe sincronización entre ambos cara a cara y que el resultado de uno derramará en el otro con calor de abrigo fuerza de tsunami. De allí la prudencia en dar por cerrado la reunión de Massa y Georgieva.
Luego de esos diálogos Fernández y Massa, deberán decidir en cuestión de horas si le dan la orden al jefe del Banco Central, Miguel Pesce, que pague con reservas el vencimiento del viernes.
Sin posibilidad de seguir obteniendo recursos de organismos multilaterales o instituciones financieras oficiales, o bien Biden convence a Georgieva, -o viceversa- de abrirle la mano a la Argentina o el país enfrentará gravísimos problemas financieros.
El déficit fiscal de 1,9% del PBI para este año resulta una meta por demás exigente que obliga a recortes presupuestarios durísimos, como así también el tope de emisión monetaria de 0,6% para asistir al Tesoro. Para ambos indicadores, la meta parcial al primer trimestre ya habría sido consumida prácticamente en su totalidad al culminar febrero.
Con este escenario ese puede pensar que no queda otra opción más que relajar la meta de emisión, con las consecuencias lógicas sobre una inflación que ya está desatada.
La situación de actual de las reservas
Mientras tanto, el BCRA sigue cediendo reservas. Este lunes fueron U$S 95 millones, con lo cual en el mes acumula una sangría de U$S 1.560 millones.
La jugada de Massa de buscar plata en los fondos de los organismos estatales encuentra cada vez más complicaciones en el plano político y ahora también en el jurídico.
Tras las críticas internas y la falta de respaldo del FMI, Massa abrió la puerta de dar marcha atrás anunciando la auditoría de la UBA. Pero lejos de calmar las aguas, la discusión cobró más fuerzas.
La presidenta del PRO y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció que junto a los legisladores de su espacio político presentarán un amparo para impedir la implementación del decreto 164/2023.
Bullrich sostuvo que el canje que planteó Massa es “ruinoso” y nos deja al borde del default. El diputado, Mario Negri, confirmó que se presentó un proyecto para la derogación de los decretos que habilitaron la operación. “Se trata de una medida defraudatoria para los jubilados”, subrayó el legislador cordobés al argumentar la decisión tomada.
Repercusiones sobre el DNU
La Bolsa de Comercio de Rosario manifestó su preocupación por el decreto DECNU 164/2023 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la cual se obliga a Jurisdicciones, entidades y fondos del sector público nacional (incluyendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –FGS- gestionado por ANSES), a vender o canjear las tenencias de títulos públicos nacionales pagaderos en dólares por otros valores duales en pesos a ser emitidos por el estado nacional.
“La necesaria estabilidad de las variables macroeconómicas expresado en los considerandos del mencionado decreto, como así también la búsqueda de mayor certidumbre en materia cambiaria y financiera, solo se logrará con ordenamientos fiscales y monetarios acompañados de un marco normativo estable y de largo plazo”, dicen desde la BCR.
Y agregaron: “Teniendo en cuenta que la misión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es preservar su valor buscando la rentabilidad de sus recursos, los que podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino, se solicita que las medidas adoptadas no afecten el monto actual de los activos del Fondo, el cual debe ser siempre gestionado teniendo como objetivo exclusivo maximizar el mismo en el largo plazo en beneficio del sistema jubilatorio”.